La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha ahorrado 296.306 euros en el último año en los alquileres de las sedes judiciales de la provincia de Málaga, lo que supone una reducción del 16,5 por ciento del gasto destinado a estos arrendamientos.
En concreto, se ha pasado de un gasto de 1,79 millones en 2012 a 1,50 millones de euros en 2013. Esta reducción representa, además, el 11 por ciento de los 2,74 millones de euros que se ha ahorrado en el último año la Junta en el pago de alquileres de sedes judiciales en toda Andalucía, según ha informado el Gobierno andaluz este domingo a través de un comunicado.
Para conseguir esta reducción de gastos, la Consejería de Justicia e Interior ha renegociado la cuantía de los arrendamientos de 18 sedes judiciales en la provincia de Málaga, ubicadas en Estepona, Fuengirola, Marbella, Torremolinos y la capital malagueña.
Este ahorro ha sido posible a través de los "positivos" resultados del proceso de negociación que la Junta mantiene con los propietarios de los edificios judiciales en régimen de alquiler, una negociación cuyo coste económico registra una evolución a la baja en consonancia con la realidad presente del mercado inmobiliario y con los precios vigentes actualmente, que reflejan un valor inferior al de años anteriores.
El objetivo de propiciar mayores ahorros en estos contratos de alquiler ha sido una de las prioridades del Gobierno andaluz en los últimos años, una estrategia que se ha visto plasmada y reforzada de manera especial tras la aprobación del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014.
"Este Plan nace del compromiso asumido por el Gobierno de Andalucía de cumplir con los objetivos establecidos por el Gobierno de España en materia de estabilidad presupuestaria y control del déficit para todas las Administraciones Públicas", ha asegurado la Junta en un comunicado.
La programación de las infraestructuras judiciales ha estado presidida en los últimos años por una apuesta firme por el régimen de propiedad de las sedes judiciales y por una progresiva disminución de los arrendamientos, siempre dentro de las exigencias de la normativa de contratación pública.
Esta iniciativa se sitúa también en el objetivo del Gobierno andaluz de impulsar la modernización de los edificios judiciales en Andalucía.
En este sentido, el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha destacado "el esfuerzo que viene realizando la Administración autonómica por avanzar en la mejora y modernización de las infraestructuras judiciales y por propiciar al mismo tiempo un importante ahorro económico en esta materia".
A su juicio, "el objetivo es reducir el gasto en alquileres mediante la mejora de los contratos de arrendamientos como venimos realizando hasta ahora".
Asimismo, Ruiz Espejo ha hecho hincapié en que "en la actual coyuntura económica y presupuestaria, es una prioridad en la gestión pública impulsar la eficiencia y racionalización en el gasto e incentivar del mismo modo el ahorro para rentabilizar al máximo los recursos y medios con los que actualmente disponemos, todo ello con la finalidad de garantizar un buen funcionamiento de la Administración de Justicia en la provincia".
El delegado del Gobierno andaluz en Málaga ha valorado también el esfuerzo realizado en la provincia que ha supuesto el 11 por ciento de la reducción del gasto en toda Andalucía.
Además, ha subrayado que "en la actualidad se está impulsando, siempre dentro de las exigencias de la normativa de contratación pública, una negociación en condiciones económicas más ventajosas para la Administración en el proceso de renovación de los arrendamientos de las sedes judiciales cuyos plazos de alquiler van concluyendo".
Por último, ha puesto de relieve el empeño de la Junta por modernizar y mejorar las sedes judiciales, "pese a las grandes dificultades económicas y presupuestarias del momento".
En este sentido, Ruiz Espejo ha señalado que "se está trabajando en promover la concentración de sedes en un mismo edificio o conjunto de edificios cercanos y en la eliminación de las deficiencias de las sedes judiciales adaptándolas a las nuevas necesidades que nos exige este servicio público".
