El Área de Bienestar Social de la Diputación de Huelva, a través del Servicio de Apoyo a la Familia (SAF) y de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF), trabaja actualmente con 927 familias de la provincia en riesgo psicosocial, para su fortalecimiento y preservación.
Según ha informado la Diputación en una nota, núcleos familiares con menores y adolescentes atendidos por estos dispositivos de la Institución Provincial son la base de un amplio estudio, elaborado durante nueve meses, gracias a un convenio de colaboración suscrito entre la Universidad de Huelva y el Área de Bienestar Social de Diputación.
Según la diputada de Bienestar Social, Rocío Cárdenas, el Servicio de Atención a Familias atiende actualmente a 715 familias con dificultades de convivencia, con o sin menores a su cargo. El SAF se sitúa como un primer nivel de atención para mejorar o establecer el adecuado desempeño de las funciones familiares de protección y socialización de sus miembros, a través de ayuda profesional, material y emocional.
El tratamiento familiar en casos de menores con riesgo de desprotección leve, el apoyo a cuidadores de dependientes, la ayuda en caso de separación, divorcio u otras situaciones vitales estresantes y la gestión de prestaciones económicas complementarias al tratamiento que se hace con estas familias, son algunas de las actuaciones que realizan los Servicios Sociales Comunitarios de Diputación con estas familias en riesgo psicosocial.
Por su parte, el Programa de Tratamiento Familiar, que atiende en la actualidad a 212 familias, con 373 menores, representa, según Rocío Cárdenas, el segundo nivel de intervención específica, cuando el SAF no es suficiente para modificar la situación de riesgo de los menores. Sólo atiende a familias con menores que se encuentran en una situación de riesgo o maltrato moderado, y su finalidad es posibilitar la reunificación de estos menores sobre los que se han adoptado medidas de protección, disminuyendo los factores de riesgo para los menores y aumentando la capacidad educativa y de socialización de la familia.
La diputada de Bienestar Social ha resaltado que la protección social de la infancia y la familia es una "de las señas de identidad de nuestra propia evolución como sociedad moderna y progresista". Las situaciones de adversidad en la familia implican diversos niveles de riesgo para niños y adolescentes que, sin embargo, no alcanzan la gravedad suficiente para el desamparo, que significa la separación del menor de su familia.
Los SAF y los ETF son, en palabras de Rocío Cárdenas, los sistemas de protección familiar con los que Diputación actúa con estas familias en riesgo "desde un enfoque de trabajo re-educativo y preventivo, para evitar medidas drásticas del desamparo".
El perfil psicosocial de una muestra importante de estas familias en riesgo que reciben intervención de preservación familiar desde los Servicios Sociales Comunitarios de Diputación, es la base de un amplio estudio publicado el año pasado, y elaborado por la Universidad de Huelva y los servicios sociales comunitarios de la Institución Provincial.
El estudio recoge información aportada por 82 adultos usuarios de los servicios sociales a través de los SAF (54,9 por ciento) y desde los ETF (41,1 por ciento). Una muestra integrada en un 90 por ciento de los casos por mujeres de edades que oscilan entre los 19 y 58 años, con perfil educativo bajo, y que pertenecen a las zonas de trabajo social en las que se encuentran organizadas las prestaciones sociales de la Diputación de Huelva.
Según este estudio, que puede ser consultado en la página web de Diputación, la mayoría de las familias participantes son estables, no excesivamente grandes, que viven en hogares pequeños y saturados, con un nivel objetivo de hacinamiento que afecta a algo más de la quinta parte de la muestra.
Disponen de ingresos reducidos, inestables en algo menos de la mitad de las ocasiones, y por debajo del umbral de la pobreza en el 55 por ciento de los casos. La mitad de estas familias son receptores a su vez de otras ayudas sociales (servicio de ayuda adomicilio, taller de convivencia e inserción, ayuda de emergencia social...), que aunque contribuyen a aliviar su precaria situación económica, también propicia su dependencia de ayudas externas.
Un elevado porcentaje de estas familias son hogares monomarentales, funcionan bajo la responsabilidad exclusiva de las mujeres (separadas o divorciadas); y se caracterizan por fuertes lazos afectivos, al margen de su tamaño, composición o situación económica. Respecto a las familias biparentales, los resultados obtenidos apuntan hacia el importante papel que las relaciones conyugales parecen jugar en estas familias. Así, en el 85 por ciento de los casos las mujeres destacan al cónyuge como un apoyo, aunque en un 25 por ciento de los casos la pareja también es mencionada como fuente de problemas y conflictos.
La diputada de Bienestar Social ha resaltado la importancia y utilidad de este estudio "en el que se analizan pormenorizadamente los individuos que integran estas familias, así como sus trayectorias vitales, sus relaciones interpersonales y su contexto", ya que con ello "podemos adecuar la intervención a las necesidades peculiares de cada familia y optimizar su funcionamiento para evitar males mayores, como la separación de los menores de su núcleo familiar", ha dicho.
El estudio concluye con unos resultados "esperanzadores", ya que, aunque muestra que las familias analizadas presentan muchas necesidades de diversa índole (económicas, laborales, educativas, vulnerabilidad emocional...), también resalta que poseen recursos y fortalezas (estabilidad, alta cohesión familiar, evolución positiva en el tipo de servicios sociales de que son usuarias...) sobre las que recomienda incidir para optimizar su funcionamiento como núcleos familiares normalizados.
