El policía local que denunció al alcalde y otros cargos del Ayuntamiento de Santiago por acoso y prevaricación, José Antonio Carril, ha conseguido a través de la vía administrativa la anulación de la sanción de un mes de empleo y sueldo que le había impuesto el Ayuntamiento.
Además, por uso indebido del material policial (utilización del vehículo oficial para fines ajenos al servicio) había sido sancionado con dos días de empleo y sueldo, castigo que el juzgado también revoca y sustituye por un apercibimiento verbal, según el fallo judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, emitido por el magistrado del juzgado de lo contencioso-administrativo de Santiago, José Alvariño Alejandro.
De esta manera, queda suspendido el acuerdo de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Santiago por el que se impuso la suspensión de funciones durante un mes y otros dos días de remuneración y trabajo, junto con las resoluciones posteriores del Ayuntamiento por las que no se tenía en cuenta el recurso de Carril y la correspondiente a la ejecución de la multas. Esto supone que el Consistorio deberá ahora abonar el sueldo retenido al policía local, con los intereses pertinentes.
La junta de gobierno local de Santiago aprobó el 12 de diciembre de 2012 la suspensión de funciones por un mes por la "comisión de falta grave en el incumplimiento de sus obligaciones" por "ausentarse del término municipal durante el servicio", junto con otra de dos días por "mal justo del material policial, para fines ajenos a la función".
La sentencia judicial, con fecha del 24 de abril, señala que queda probado un desplazamiento de Carril, en horario de servicio, al lugar de Biduido, en Ames. De hecho, según consta en el fallo, el policía reconoce este desplazamiento, realizado --según las justificaciones dadas-- con el "objetivo de recoger una llave" por una "urgencia familiar", y el cual se realizó un día en que había "un pleno conflictivo".
Sin embargo, el juez señala que "únicamente está reconocido y acreditado el desplazamiento" del día 31 de mayo de 2012, "no estando probados" los otros dos, el 30 y el 1 de junio (días anterior y posterior), por lo que "no se dan todos los elementos" para que se pueda hablar de reiteración. "Ello quiere decir que no existe correspondencia entre la actuación imputada y sancionada y la norma tipificadora aplicada por la administración", señala el juez.
USO DEL VEHÍCULO
En cuanto al uso del vehículo por el que fue sancionado con dos días, la sentencia apunta que un informe del jefe de la Policía Local indica que el jefe de servicio de cada turno tiene asignado un coche, por lo que esto "no compromete la disponibilidad para otros mandos ni otros servicios policiales".
Así, el juez, tras "reiterar que el único desplazamiento reconocido y acreditado" es el del 31 de mayo, apunta que "está debidamente acreditada la comisión de esta infracción, que es reprochable" a Carril, pero indica que "no se cumplen las exigencias del principio de proporcionalidad". De esta forma, anula la sanción de pérdida de dos días de remuneración y suspensión de funciones, y falla que debe "imponerse en su lugar sanción de apercibimiento por falta leve cometida y sancionada".
En este contexto, y en declaraciones a Europa Press, el abogado de Carril, Xosé María Rodríguez, se ha mostrado "satisfecho" por esta resolución judicial. "Nos vienen dando la razón y se van cumpliendo nuestras peticiones", ha remarcado el letrado.
DENUNCIA POR ACOSO Y PREVARICACIÓN
Al margen del recurso por la vía administrativa, el policía local denunció por acoso y prevaricación a varios cargos del alcalde, en una causa judicial en diligencias por la que permanecen imputados el actual alcalde, Ángel Currás; el exconcejal de Tráfico Albino Vázquez Aldrey; la que era coordinadora de fuerzas de Seguridad, Mar Hinojosa; el exjefe de gabinete de Gerardo Conde Roa, Ángel Espadas; y el propio exalcalde popular.
A todos ellos, salvo a Conde Roa, los llamó a declarar la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, Ana López-Suevos, el pasado 4 de abril en calidad de imputados después de retrotraer el caso a diligencias previas, lo cual llevó a cabo después de recibir nuevas pruebas derivadas de las escuchas en el marco de la 'Operación Pokémon', remitidas desde el Juzgado de Lugo por la instructora Pilar de Lara.
Así, tras la denuncia por vía penal del policía local, la jueza imputó en la causa en enero de 2013 a Ángel Currás, Conde Roa, al que entonces era concejal de Seguridad Ciudadana y a Mar Hinojosa. A todos ellos los acusaba de supuestos delitos de prevaricación y acoso moral contra Carril.
Sin embargo, en octubre, acordó el sobreseimiento provisional de la causa contra el alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa y Mar Hinojosa, al no apreciar en ellos indicios de delito, pero sí mantuvo la imputación de Albino Vázquez por un delito de prevaricación.
NUEVO GIRO EN NOVIEMBRE
En noviembre de 2013 se produjo un nuevo giro en el caso a raíz de la transcripción de conversaciones intervenidas en el marco de la 'Operación Pokémon', que recibió Ana López-Suevos desde Lugo. A raíz de ellas, emitió un auto en el que volvía a imputar a todos los investigados inicialmente dentro de este proceso, a los que añadió la imputación del exasesor Ángel Espadas, que aparecía en las escuchas.
En el informe de la Agencia Tributaria remitido desde Lugo se recogen conversaciones telefónicas vinculadas con Mar Hinojosa, Ángel Currás (entonces ya como alcalde), Albino Vázquez, Conde Roa y Ángel Espadas, quien fue cazado al volante dormido y ebrio, motivo por el que salió de la candidatura del PP en las pasadas municipales. A él, según revelan esas conversaciones, el exconcejal de Seguridad le dio la encomienda de llamar para presentar la denuncia "anónima" contra Carril.
De hecho, las "presiones" para hacer desaparecer el atestado policial de Ángel Espadas y la negativa del agente policial a cumplir esa orden fue lo que, según Carril, motivó el supuesto acoso que recibió en su trabajo y originó la denuncia en los juzgados.
NUEVAS DILIGENCIAS
Tras la declaración de principios de este mes de abril, el abogado de Carril, Xosé María Rodríguez, pidió la práctica de nuevas diligencias a la jueza, todavía pendientes de su resolución.
