El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha imputado a la diputada del PSC en el Parlament Montserrat Capdevila por un presunto delito de malversación de fondos públicos por supuestamente haber cargado al Parlament viajes en AVE a Madrid por motivos "estrictamente personales".
En un auto recogido por Europa Press, la Sala Civil y Penal ha citado a la socialista en calidad de imputada el 28 de mayo a las 10.30 horas en la sede del tribunal para concretar la imputación, ya que se instruye por el procedimiento de jurado.
Capdevila presuntamente cargó entre 2010 y 2012 a la Cámara catalana viajes en tren ida y vuelta "no relacionados con el ejercicio de su labor parlamentaria, que, no obstante a ello, cargó a la indicada tarjeta y que, por tanto, fueron abonados con fondos públicos del Parlament de Catalunya".
En concreto, son 13 viajes Barcelona-Madrid ida y vuelta realizados entre el 22 de octubre de 2010 y el 24 de septiembre de 2012 por un importe total de 4.347,1 euros, todos ellos presuntamente "abonados con fondos públicos".
Según el auto, Capdevila tenía desde el 21 de octubre de 2010 por Renfe la titularidad de una tarjeta nominativa " le da derecho a cargar directamente al Parlament" los gastos por desplazamientos en tren relacionados con el ejercicio de su labor parlamentaria", en virtud de un convenio de colaboración entre la compañía y la Cámara catalana.
ORIGEN EN 'CASO MERCURIO'
El magistrado Carlos Ramos incoa con este auto el procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado de la Sala Civil y Penal del TSJC, y ordena trasladar a la defensa de Capdevila y al fiscal las copias de la documentación del caso remitida por el Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell (Barcelona), que inició el 'caso Mercurio y en cuya investigación se detectó este presunto delito de la socialista.
De hecho, los indicios del juzgado de Sabadell se basan en la documentación facilitada por Renfe y el Parlament, así como "en diversas conversaciones mantenidas con una tercera persona" en las conversaciones intervenidas judicialmente del 'caso Mercurio', de presunta corrupción con epicentro en esta ciudad.
Hasta el 1 de julio de 2013, el Parlament sufragaba directamente los peajes y los billetes de tren a los diputados, y desde entonces es cada grupo parlamentario quien decide si destina parte de la subvención que recibe de la Cámara a sufragar los viajes de sus diputados.
