El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ha solicitado al Ministerio de Justicia que considere sus alegaciones a la reforma del Poder Judicial.
Así, su Departamento ha elaborado un informe sobre el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ya ha remitido al Ministerio, informó el Ejecutivo regional en una nota de prensa.
En el mismo, se solicita que el análisis de la propuesta legislativa se realice de forma conjunta y coordinada en el seno de un grupo de trabajo presidido por el Ministerio de Justicia y por el Consejo General del Poder Judicial para valorar las conclusiones emitidas por todos los departamentos competentes en materia de Justicia que se hayan pronunciado al respecto.
Por su parte Hernández Spínola remarcó que el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial supone un compromiso activo de todas las administraciones públicas a la hora de llevar a efecto y gestionar el proceso de dimensión, diseño, ejecución y seguimiento del nuevo modelo organizativo judicial.
Pese a la conformidad del Gobierno de Canarias de crear los Tribunales de Instancia, en el informe se recalca que la delimitación del ámbito provincial como unidad básica territorial en el que se configura la estructura del nuevo mapa judicial no es la más adecuada por considerarla incompatible con el hecho insular, matizó el consejero.
Mientras, en lo que se refiere a la estructura de la oficina judicial, a partir del nuevo modelo organizativo que constituyen los Tribunales de Instancia, Canarias propone la constitución de unidades centralizadas de apoyo directo a la actividad judicial, fomentando en su organización interna, en su caso, la especialidad funcional, explicó Hernández Spínola.
APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
Asimismo, el Gobierno de Canarias estima necesario que la aprobación de la oferta de empleo público y la convocatoria de los procesos selectivos se atribuyan a las Comunidades Autónomas.
"No encontramos justificación al hecho de que el Gobierno estatal impida o restrinja la oferta de empleo público en el ámbito de la Administración de Justicia cuando dicha decisión sólo trae como consecuencia que se soporten altas tasas de interinidad en la función y que no pueda avanzarse en la mejora de la profesionalización del sector", señaló el consejero.
