Las sanciones impuestas el año pasado en relación con el ejercicio del derecho de reunión o manifestación en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 superaron las 1.100 y, en su mayoría acarreraron multas de entre 300 --la cuantía mínima para infracciones graves-- y 6.000 euros según los últimos datos remitidos por el Gobierno al Congreso.
Estas estadísticas, facilitadas por el Ejecutivo al portavoz del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso, Antonio Trevín, y recogidas por Europa Press, se refieren a 14 comunidades --todas salvo Murcia, Comunidad Valenciana, Euskadi y Cataluña-- y a Ceuta y Melilla.
En algunos casos, el Gobierno detalla la cifra del dinero que se ha recaudado por el cobro de estas sanciones en cada autonomía, pero en otros sólo detalla la cuantía media de la mismas o no responde a este extremo, lo que dificulta ofrecer el dato concreto de lo que se ha ingresado.
ANDALUCÍA Y MADRID, A LA CABEZA EN MULTAS
Andalucía figura a la cabeza en número de sanciones, con 442, y también de recaudación --un total de 28.000 euros con una media de 20.846-- y en segunda posición por cantidad de multas se sitúa la Comunidad de Madrid, con 389.
En el resto de territorios, el número de sanciones oscila entre las 125 de Castilla-La Mancha (con 6.655 euros recaudados) y las 2 de Aragón (con ingresos por valor de 1.800 euros). En Galicia se impusieron 47, con una cuantía media de 592 euros; 37 en Navarra (habiendo sumado 21.000 euros) y 21 en Asturias (con una medida de 120 euros para las infracciones leves y de 300 para las graves).
En Canarias el año pasado se recaudaron 2.400 euros por los once expedientes sancionadores concluidos; las nueve multas consignadas en Baleares se tradujeron mil euros extra para las arcas públicas; mientras que con ocho sanciones (las mismas que Cantabria) Castilla y León ingreso 2.400 euros. En Melilla la recaudación media fue de 1.500 euros y se pusieron tres multas.
Por contra, no hubo ninguna en todo el año ni en La Rioja ni en Ceuta, mientras que en Extremadura se incoaron una decena en Badajoz, pero el Gobierno no detalla si desembocaron o no en sanción administrativa.
