Constructores y promotores de distintas provincias de Andalucía han denunciado hoy que la Junta adeuda a 90 empresas que han promovido viviendas sociales un total de 42 millones de euros, lo que ha supuesto la "profunda ruina" de muchas de ellas y la pérdida de cientos de empleos.
La Asociación Constructores y Promotores de Granada (ACP) ha ofrecido una rueda de prensa para analizar la situación que atraviesa este sector y poner de manifiesto el "fracaso" de la vivienda social en Andalucía y las que considera prácticas "impropias" de la administración.
Su presidente, Enrique Legerén, ha explicado que tras un largo "periplo de reclamaciones" ante diversas instituciones, el colectivo no ha encontrado respuesta al impago de las ayudas para construir vivienda protegida.
Pese a que inicialmente cuantificaron la deuda en algo más de 11 millones de euros, finalmente han comprobado que ésta asciende a 42,17 millones en toda la comunidad, referida a fondos finalistas del Estado transferidos a la Junta de Andalucía dirigidos a promotoras para la construcción de vivienda protegida.
Esta deuda llevó a la ACP, en nombre de promotores de Granada, Sevilla y Almería, a solicitar incluso a la Fiscalía que investigara el destino dado por la Junta a esos fondos, si bien el Ministerio Público archivó su actuación al no encontrar indicios de delito penal, aunque quedaría todavía pendiente la vía civil.
Según Legerén, la administración autonómica no ha abonado las subvenciones finalistas, a pesar de que el Ministerio de Fomento ha certificado haber transferido las cantidades pactadas a la línea de viviendas protegidas en alquiler con opción de compra.
Además de las subvenciones estatales, la Junta tiene pendiente de pago otros importes relacionados con el desarrollo de las viviendas protegidas como son los subsidios autonómicos y las ayudas a la construcción.
Los constructores lamentan que estos impagos hayan contribuido a que algunas de las empresas afectadas hayan ido "a la más profunda ruina" y el resto haya disminuido notablemente su actividad, lo que ha provocado que cientos de personas hayan perdido su puesto de trabajo.
Con estos antecedentes pendientes de resolución, el presidente de la ACP ha expresado su sorpresa por el hecho de que la Dirección General de Vivienda haya enviado a los promotores una carta que hace referencia a la Ley de la Función Social de la vivienda, suspendida por el Constitucional.
En la misiva, la administración requiere a las empresas para que informen en un plazo de 15 días sobre "el grave incumplimiento" de la función social de la vivienda que la no ocupación de las mismas supone.
"Consideramos inadmisible dicho requerimiento, que ocasiona gran indefensión al no estar enmarcada en ordenamiento jurídico vivo, generando una importante inseguridad jurídica en el sector y constituyendo una amenaza intolerable", ha dicho Legerén.
Por todo ello, el colectivo ha exigido a la Dirección General de Vivienda de la Junta que rectifique inmediatamente la medida adoptada, paralice las actuaciones inspectoras emprendidas y se siente con los representantes del sector para encontrar soluciones a los problemas de vivienda en Andalucía.
