El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado prisión eludible con fianza de 60.000 euros para el exalcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (del partido independiente UDMA), tras constara que fue "descubierto huyendo del Ayuntamiento con documentación probatoria que pretendía eludir de la acción de la justicia".
Velasco, que ha interrogado durante más de una hora a Sánchez Fernández en el marco de la investigación que se sigue contra la 'red Púnica' de corrupción, le imputa indiciariamente los delitos de integración en organización criminal, revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y fraude.
Tras proceder al examen las "cajas" que trató de sacar del Ayuntamiento este lunes, el juez ha dictado un auto en el que señala que "existe riesgo objetivo y concurrente" de que el político pretendía alterar elementos "relevantes" para la investigación del delito. De igual modo, le considera "responsable de varias irregularidades en materia de contratación pública para beneficiar" al empresario de la construcción y presunto 'conseguidor' de la trama David Marjaliza.
TRABAJANDO SIN CONTRATO
En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga un contrato de eficiencia energética que el Ayuntamiento firmó con la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, con su "connivencia" y la del técnico municipal, Marco Durán, también imputado en este procedimiento.
También sospecha que en materia de gestión de centros deportivos las empresas de Marjaliza "habrían estado trabajando sin contrato público que lo amparase" aunque con posterioridad las autoridades municipales trataron de articular "un procedimiento de contratación predeterminado" en cuya redacción de los criterios de adjudicación habría intervenido el propio empresario.
Para amparar estos trabajos, según explica la resolución judicial, los responsables municipales habrían ordenado la elaboración de "informes y facturas falsas", a fin de "posibilitar que se libraran las cantidades económicas necesarias para pagar a David Marjaliza".
"RIESGO DE FUGA"
Velasco acuerda el ingreso en prisión del imputado al considerar que, a pesar de su "arraigo domiciliario, familiar y laboral", existe el "riesgo de fuga" tanto por la pena que podría imponérsele como por "sus recursos y medios de acudir al extranjero y sustraerse así de la acción de la Justicia española".
También destaca la "facilidad" que suele tener una organización criminal como la investigada para "dotar de medios económicos a sus componentes" a fin de "facilitar su huída y permanecer lejos de la actuación de los tribunales españoles", lo que, según el juez, convertiría la causa en "una frustración".
De igual modo, el juez justifica el ingreso en prisión del exalcalde a tenor de "las redes clientelares delictivas descubiertas, la alta probabilidad de reiteración delictiva, la diversidad de las irregularidades administrativas detectadas y su imposición a funcionarios públicos bajo su mando".
TRES HORAS DE COTEJO
El magistrado decidió interrogar al exprimer edil de Serranillos después de que durante casi tres horas el secretario judicial de su juzgado y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil procedieran a revisar, en su presencia, la documentación que trató de sacar de las dependencias municipales. Según fuentes jurídicas, los efectos personales que pretendía llevarse del Ayuntamiento le han sido devueltos y los informes oficiales se han incorporado a la causa.
El lunes el juez envió este lunes a una patrulla de la Guardia Civil de Griñón al Ayuntamiento de Serranillos tras recibir un aviso de que el todavía alcalde se había personado en las instalaciones municipales con varias "cajas" vacías y estaba llenándolas de documentación, "probablemente para llevárselas".
Sánchez Fernández, que presentó este lunes su dimisión, fue detenido en el marco de la 'operación Púnica' después de que se le atribuyeran cuatro delitos que, tras su declaración, se han elevado a ocho. La Guardia Civil, sin embargo, le puso en libertad por motivos de salud.
