El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, se ha comprometido a adjudicar todas las viviendas públicas municipales con fecha 31 de diciembre de 2015, en caso de que se convierta en el nuevo alcalde hispalense, a la par que ha apostado por hacer un contrato específico para las personas que no cuentan con recursos económicos suficientes hasta que recuperen su capacidad financiera.
En una entrevista con Europa Press, Espadas ha dejado claro que su apuesta es que el 31 de diciembre de 2015 estén adjudicadas "todas y cada una" de las viviendas que tiene el Ayuntamiento, recordando que existen un número de viviendas "importante" de Urbanismo que fueron transferidas a Emvisesa, "que no las ha recepcionado porque no les han transferido dinero para mantenerlas, por lo que no se gestionan por nadie, pese a la necesidad que hay de viviendas sociales".
Así, subraya que la primera prioridad es el alquiler y, especialmente, el social y asegura que las viviendas estarán ocupadas y con preferencia de quien no tiene recursos económicos, adaptándolas a sus necesidades. Espadas propone crear un plan de vivienda municipal, ya que para garantizar la cobertura de vivienda en la ciudad "se necesitarán construir nuevas", algo que considera además "un elemento de reactivación" para lo que buscará recursos públicos.
Esto se puede complementar, según detalla, con medidas de la mano del sector privado, teniendo en cuenta que el parque privado de viviendas "no se vende ni se alquila". "Habrá que buscar soluciones para el alquiler de la mano de la Junta de Andalucía para conseguir tener unos precios aceptables en el mercado", agrega.
"SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA PERSONAS SIN RECURSOS"
En este marco, Espadas advierte de que no se pueden quitar sus viviendas "a quienes no pueden pagar al estar sin recursos", por lo que concluye que no habrá "ningún desahucio de alguien sin recursos que no tenga alternativas de vivienda".
Tras recordar que el desahucio lo ordena un juez, insiste en que el Ayuntamiento ha de salir de cualquier pleito donde se insta a un juez a que lleve a cabo un desalojo de su parque público, desistiendo en aquellos casos en que sean familias que "no pagan por que no pueden". Así, plantea conseguir que esas personas tengan temporalmente un contrato para pagar "un mínimo o no pagar hasta que recuperen su situación". "Se trata de una segunda oportunidad", sentencia.
Para Espadas, es necesario dejar "el doble lenguaje y marear a la gente, porque se tiene un problema hoy y no se puede estar presionando a las personas sin recursos en el parque público de vivienda, sino darles un margen de tiempo hasta que puedan recuperar su situación de normalidad". "No se trata de decir que no pague nunca más, sino de buscar una solución transitoria para adaptarnos a las situaciones tan terribles que se están viviendo", agrega.
