Tras la denuncia y ampliación de la demanda presentada por vecinos de La Marina contra la empresa Sotogrande S.A. y el representante legal de dicha sociedad, L.P.A., por un presunto delito de estafa y falsedad documental, VIVA CAMPO DE GIBRALTAR ha tenido acceso a la declaración que prestó el representante ante la jueza el pasado mes de octubre.
La demanda se interpuso por la gestión y el mantenimiento de la zona de La Marina, donde existen más de 1.500 viviendas y con los que, según los denunciantes, Sotogrande S.A. se beneficiaría de un presunto negocio que cifran en 260 millones de euros en 67 años.
L.P.A. respondió en el Juzgado Mixto Número 1 de San Roque que “no son ciertos los hechos que se le imputan” e insistió en que “el canon es una afección real que consta en el Registro de la Propiedad”.
Precisamente con ese “canon” al que se refirió el representante de Sotogrande es con el que discrepan los vecinos denunciantes, que insisten en que la sociedad no tiene una concesión (como sí sucede en el interior del Puerto, otorgada por la Junta de Andalucía y vigente hasta el año 2057), por lo que están en desacuerdo con abonar a la empresa los gastos de mantenimiento y gestión. Unos gastos que en algunos casos superan los 5.000 euros anuales, según consta en su declaración, y que de media, se sitúa en “unos 1.500 euros al semestre más IVA”.
Los vecinos, cuyo último fin es lograr que se cree una Entidad Urbanística de Conservación y poder contratar a la empresa que estimen oportuno, han insistido en todo momento en que no están en contra del abono de los servicios, pero sí reclaman que se les explique en detalle dónde va el dinero que deben abonar. “Queremos que haya un control y poder fiscalizar los recursos que se utilizan”, explica uno de los letrados que representa a parte de los denunciantes. “Están dispuestos a pagar lo que corresponda, pero con capacidad de decisión, que es el principal beneficio de una Entidad Urbanística de Conservación”, precisa.
No obstante, en su declaración ante la jueza, L.P.A. manifestó que “los propietarios no tienen poder de decisión”, reconociendo incluso que “el ciudadano puede quejarse del servicio pero no puede decidir nada”. Además, respondió que “no se lleva a cabo el detalle de la cantidad correspondiente a cada uno de los servicios, sino que es una cantidad que engloba todos los servicios”.
Dicha declaración no sorprendió a los denunciantes, que en la demanda habían aportado un par de cartas en respuesta a propietarios que habían pedido información sobre los gastos de mantenimiento de La Marina.
En una de esas misivas, firmada por el propio L.P.A., consta: “En cuanto a los servicios que venimos prestado siempre hemos intentado que su calidad sea acorde con el nivel de exigencia de una urbanización como Sotogrande y, por ello, siempre hemos considerado esencial que su prestación no quede al albur o capricho de propietarios interesados en disminuir dicha calidad por razones estrictamente económicas”.
Y, sobre el detalle de las cuentas, apuntaban: “Respecto a los costes de los servicios y al detalle de nuestras cuentas nos remitimos a la información que como compañía que cotiza en Bolsa estamos obligados a publicar y que pueden ser consultadas en nuestra página web”.
La otra carta adjuntada en la demanda recoge que “el canon es independiente del coste que a Sotogrande le suponga el mantenimiento”, así como que “tienen el derecho a exigir a Sotogrande la correcta prestación de los servicios, pero no el derecho a fiscalizar los recursos humanos ni materiales que utilice la mercantil”.
Sin consenso del Consistorio
El Régimen Especial de La Marina (REM) establece el “canon” que los vecinos abonan a Sotogrande S.A. y que presta, entre otros servicios enumerados por L.P.A. el “servicio de suministro de agua potable, recogida y gestión de residuos puerta a puerta, la limpieza de todos los edificios, jardinería de los espacios públicos y privativos, la vigilancia de todo el conjunto, la desratización y tratamiento antimosquitos, y el mantenimiento de canalizaciones, electricidad, agua, etc”.
En la declaración, a la que ha tenido acceso VIVA, el representante de la empresa responde que “no existe una concesión administrativa, que lo que hay es un sistema previsto en el Plan Especial de La Marina conforme al planeamiento” y que “Sotogrande constituyó unilateralmente las normas del REM”, así como que “no fueron consensuadas con el Ayuntamiento”.
