La Junta de Andalucía ha indicado este lunes que se ha limitado a "sacar a concurso" una veintena de derechos mineros "que habían caducado dentro del parque natural de Cabo de Gata-Níjar" en Almería "en cumplimiento" de la normativa y ha señalado que cualquier permiso de investigación o explotación en estas zonas "está sujeto a varios requisitos, entre los que destacan los relacionados con la protección del entorno natural".
Así lo ha indicado a Europa Press la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Adriana Valverde, quien ha trasladado que el Gobierno andaluz "apuesta" por el desarrollo de la minería "como uno de los principales sectores productivos de la comunidad" pero, según ha matizado, "siempre con garantías de cumplimiento de la legislación y el respeto al medio ambiente".
Valverde ha hecho estas declaraciones después de que el colectivo ecologista 'Amigos del Parque' haya solicitado a la administración mediante recurso de alzada que anule la resolución de 3 de diciembre por la que se sacan a concurso al considerar que es "contraria a ley" y que "conculca una prohibición expresa" recogida en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), normativa ambiental que protege los valores ambientales de Cabo de Gata.
Al hilo de esto, ha asegurado que "no se han sacado a concurso público sondeos mineros ni tampoco nuevos permisos de investigación de aprovechamiento de recursos mineros ni geológicos" y que "no se ha autorizado ni la realización de sondeos ni de explotaciones en la zona" sino que, según ha explicado, "únicamente se ha sacado a concurso una veintena de derechos mineros que habían caducado en el parque natural, dentro de un paquete de 118 derechos mineros de toda la provincia, el mayor realizado hasta la fecha".
"De esta forma, se cumple con la normativa que obliga a realizar información pública y sacar a concurso los derechos mineros cuando estos expiran", ha apuntillado para remarcar que, actualmente, los terrenos correspondientes a esos 118 derechos mineros "son francos, es decir, no están sujetos a ningún permiso de investigación o explotación solicitado o ya otorgado".
Valverde ha trasladado que la Junta apuesta por el desarrollo de la minería como sector "capaz de generar riqueza y empleo y de absorber gran parte de la bolsa de desempleo que ha generado la crisis de la construcción" aunque ha insistido en que "dentro de la filosofía de construcción de un nuevo modelo de desarrollo sostenible".
SUJETO A INFORMES SECTORIALES
Al hilo de esto, ha destacado que cualquier permiso de investigación o explotación de recursos mineros está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, entre los que destacan los relacionados con la protección del entorno natural, y que "deben reflejarse en el proyecto que presenta la entidad o persona que quiere ejercer esos derechos mineros ante los organismos que pueden verse afectados, como las delegaciones de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y de Medio Ambiente, y que además está sujeto a información pública".
"Las administraciones competentes son las encargadas de autorizar o no los permisos en función del cumplimiento de esos requisitos, entre los que se incluyen un plan de restauración del terreno que se vea afectado por la labor minera y un aval que garantice la solvencia económica para realizar dichos trabajos de restauración", ha concluido.
El colectivo ecologistas 'Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar', paralelamente al recurso de alzada, ha presentado un escrito ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que tiene las competencias para hacer que se aplique PORN, en el que le urge a paralizar "este tipo de autorizaciones de minería que no son compatibles" con esta normativa y a requerir a la consejería que lo ha aprobado a que procesa al "inmediato archivo de todos los expedientes que tengan por objeto la investigación y/o explotación de recursos mineros" en el espacio.
Los terrenos declarados francos, que contienen Caolín, Bentonita, arcillas y rocas bituminosas, se encuentran bajo protección de la Directiva Hábitat y se consideran, por tanto, lugar de interés comunitario (LIC), lo que, según dice el colectivo en su recurso, consultado por Europa Press, es "incompatible" con la protección ambiental.
