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Viernes 05/07/2024  

España

Garzón deja en libertad al quinto detenido tras el arresto de Martitegi

El juez Baltasar Garzón dejó ayer en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado tres veces por semana a Jonathan Guerra Tejero, arrestado el pasado sábado en Vitoria tras la detención horas antes en Francia del presunto jefe del aparto militar de ETA, Jurdan Martitegi.

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El juez Baltasar Garzón dejó ayer en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado tres veces por semana a Jonathan Guerra Tejero, arrestado el pasado sábado en Vitoria tras la detención horas antes en Francia del presunto jefe del aparto militar de ETA, Jurdan Martitegi. 

Fuentes jurídicas han informado de que el magistrado, que ha adoptado esta decisión a instancias del fiscal Juan Moral, le ha impuesto también la prohibición de salir del territorio español y le ha retirado el pasaporte. 

Garzón prorrogó su detención la madrugada del pasado jueves “a efectos de practicar nuevas diligencias” y después de haber enviado a prisión a los otros cuatro jóvenes que fueron detenidos junto a Guerra Tejero el fin de semana en el País Vasco. 

Se trata de Igor García Ochoa, Asier Ortiz De Guinea, arrestados los dos en Vitoria, Gorka Iriarte, detenido en la localidad guipuzcoana de Rentería –acusados los tres de pertenencia a ETA– y Sergio Bravo Saez Urabain, que lo fue en Bilbao, y al que Garzón le imputa colaboración con organización terrorista. 

Estos jóvenes, según el auto de prisión de Garzón, integraban el comando Aihur de ETA, que pretendía perpetrar un atentado “inminente” el próximo mayo, coincidiendo presumiblemente con la investidura de Patxi López, con una furgoneta cargada de explosivos entregada por Martitegi. 

Ese atentado, añadía el juez, iba a cometerse “para cumplir los designios a los que hacía referencia” el último comunicado de ETA, en el que amenazaba al nuevo Parlamento y al Gobierno vasco que presidirá el socialista Patxi López. 

En su resolución, Garzón no especificaba en qué consistiría este atentado, pero sostenía que de la documentación intervenida en Francia a Martitegi “se desprende la inminencia de la ejecución de un posible atentado” en España.

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