La cooperativa Observa entre cuyos miembros trabajaba el actual delegado del Gobierno en Andalucía y secretario local del PSOE de San Fernando, Fernando López Gil y sigue en ella de forma activa la hija de la ex senadora María Jesús Castro Mateos, Ana Lorenzo Castro, se encuentra entre las empresas que han recibido subvenciones de la Junta de Andalucía y han sido auditadas por la Intervención General de la Junta de Andalucía.
Se trata de una auditoría sobre la gestión de las subvenciones concedidas en materia de formación profesional para el empleo en la provincia de Cádiz durante los ejercicios 2009 a 2012, que no deja lugar a la duda y es categórica en su dictamen: el órgano gestor de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz “no ha cumplido con la legislación que le es aplicable”.
La participación del ahora delegado del Gobierno en Andalucía y ex concejal del Ayuntamiento de San Fernando, Fernando López Gil, viene siendo denunciada de forma cíclica por el Partido Popular que siempre han mantenido que existió al menos un "trato de favor" en las subvenciones concedidas, que hasta 2010 era de más de 800.000 euros. López Gil siempre aseguró que se desligó de la cooperativa cuando tomó su acta de concejal.
En cuanto a Ana Lorenzo Castro, sí forma parte de la cooperativa y salta ahora a la arena política al estar incluida en la candidatura de Patricia Cavada en los puestos con posibilidades de salir en las próximas elecciones.
El alcalde de San Fernando no ha querido comentar los datos publicados por Viva Cádiz en la edición de este miércoles, aunque ha dado a entender que lo que mal empieza mal acaba.
A la hora de realizar el estudio se han analizado cinco líneas de subvenciones: las de Formación Profesional Intensivas, las Formativas con compromiso de contratación, los cursos formativos dirigidos a desempleados, las acciones formativas con compromiso de contratación y las dirigidas a personas ocupadas.
En este sentido, el número de expedientes existentes durante el periodo analizado ascendía a 321, por lo que se ha aplicado un porcentaje muestral que ha centrado el estudio en un total de 55 expedientes de cuyas sumas resulta un total de 8,4 millones de euros en concepto de subvenciones, el 32% del total concedido entre los años 2009 y 2012, que superó los 26 millones de euros.
Las conclusiones
Del análisis de los 55 expedientes seleccionados la Intervención General extrae una larga lista de conclusiones que divide entre los procedimientos y gestión de las subvenciones y las justificaciones de los fondos recibidos.
Por lo que respecta al primer caso, la Intervención General expone que “en todos los expedientes analizados se ha concedido la ayuda a beneficiarios no inscritos en el Registro Andaluz de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo, sal vando el incumplimiento con la resolución del reconocimiento de ellos como Centro Colaborador, cuyo fundamento jurídico ya estaba derogado”.
“Se ha constatado una demora en la finalización de los expedientes”, por lo que “se puede concluir que no se ha cumplido el objetivo del programa”, apunta el informe, quien resalta a su vez que se han producido “incumplimientos significativos, especialmente cuando se trata de la concesión de ampliación del plazo de ejecución solicitado por los beneficiarios” sin justificación documental. Además, en ninguno de los expedientes se acredita la publicación en BOJA.
Con respecto a la justificación de los fondos recibidos, el informe resalta que de los 55 expedientes analizados, sólo doce acompaña “alguna documentación justificativa. En algunos casos es incompleta, en otros una fotocopia simple de facturas o en un CD sin que la misma pueda revertir el carácter de documento auténtico”.
Tampoco queda constancia en los expedientes cuál ha sido el criterio de selección de los alumnos, ni existe documentación de las fichas de los mismos, con documentación del profesorado, horas a impartir, material a emplear... Asimismo, “en ninguna de las subvenciones existe documentación que acredite que se han realizado las evaluaciones o el informe de impacto de la Formación Profesional para el Empleo”.
