El Gobierno de la Nación ha afirmado, en respuesta a preguntas de la diputada nacional del PSOE por Córdoba Rosa Aguilar, que la entrada de capital privado en Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) no conllevará el cierre del Aeropuerto de Córdoba, ni afectará negativamente a sus trabajadores.
Así se recoge, en la respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press, que ha dado el Ejecutivo que preside el popular Mariano Rajoy, a la diputada socialista cordobesa, quien había preguntado si, "como consecuencia de la privatización" de AENA "¿se prevé el riesgo de desaparición de alguno ae los 46 aeropuertos y dos helipuertos que conforman la red de aeropuertos españoles?"
También quiso saber Rosa Aguilar "¿qué consecuencias se derivarán de esta privatización para el Aeropuerto de Córdoba y para sus trabajadores?"y, por último, "¿cuáles son las garantías que ofrece el Gobierno para el mantenimiento de la red de aeropuertos, la movilidad de los ciudadanos y la estabilidad de miles de puestos de trabajo?".
Ante esto, el Gobierno central ha aclarado, en primer lugar, que "el proceso de entrada de capital privado en AENA S.A. no puede considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la propiedad con un 51% de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública", y la entrada de capital privado en la misma tiene "la finalidad principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual".
De hecho, según ha asegurado el Gobierno en su respuesta a Rosa Aguilar, "durante esta legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal industria de nuestro país".
Esta viabilidad, según ha subrayado el Ejecutivo, "se ha conseguido gracias a una gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de inversiones y mejora de la eficiencia" y "todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general, la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún aeropuerto, a pesar de las peticiones, en este sentido, de algunos sectores".
Además, el Consejo de Ministros ya aprobó el Real Decreto-Ley "de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que incluye el establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de interés general de AENA Aeropuertos (que a partir de
ahora será AENA S.A.) y los configura como servicios de interés económico general, precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y la cohesión económica, social y territorial".
PROHIBIDO EL CIERRE DE AEROPUERTOS
Así, según ha argumentado el Gobierno en su contestación escrita a la diputada del PSOE, "este Real Decreto-Ley prohíbe, expresamente, el cierre o la enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras aeroportuarias sin autorización del Consejo de Ministros o del Ministerio de Fomento, que solo podrá concederse si no afecta a los objetivos de interés general".
Por tanto, según ha subrayado el Ejecutivo, "en la actualidad no se prevé ningún riesgo de desintegración de la red aeroportuaria, ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos que la componen".
Es más, el Gobierno entiende que, gracias a las medidas que ha ido adoptando en esta legislatura, "puede afirmarse que AENA S.A. es en la
actualidad una empresa que presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente saneadas", siendo, "precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con los más elevados niveles de seguridad y calidad".
TRABAJADORES, TURISMO Y COMPETITIVIDAD
A esto se une que "el nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta legislatura, es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá para asegurar la viabilidad de AENA S.A., de lo que se beneficiarán sus trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad".
De hecho, según ha subrayado el Ejecutivo central en su contestación a la diputada socialista, "el proceso de entrada de capital privado en AENA S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual convenio colectivo".
De igual modo, "la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la compañía, garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía", de tal forma que "la mayor eficiencia de AENA S.A. será un estimulo al sector del transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como el turismo y el comercio".
También ha destacado el Gobierno que "el hecho de que los aeropuertos de AENA S.A. cuenten con una posición privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de capacidad y costes competitivos, ha sido posible mediante el modelo de gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los contribuyentes, ya que AENA S.A. se financia exclusivamente con sus ingresos aeronáuticos y comerciales", un modelo de gestión éste que "ha sido beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de aeropuertos de AENA S.A., al proporcionar un marco tarifario estable para los próximos años".
En concreto, el Gobierno ha establecido que "las tarifas aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0%) hasta el año 2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas todavía más competitivas que las actuales", siendo todas estas medidas "una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en todos los aeropuertos de la red de AENA".
