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Citan a declarar al alcalde de La Mojonera como imputado tras una querella por malversación

La denuncia achacaba al alcalde la comisión de presuntos delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad en documento público y malversación a raíz de siete expedientes distintos

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El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de El Ejido (Almería) ha citado a declarar en calidad de imputado al alcalde de La Mojonera, José Cara (PP), y a otros cuatro ediles en el marco de la investigación iniciada a raíz de la querella impulsada por el PSOE ante una presunta malversación de fondos públicos mediante diferentes filiales de la entidad Hispano Almería.

   La providencia, consultada por Europa Press, cita a los querellados para el día 17 a partir de las 10,00 horas después de que desde el Ayuntamiento de La Mojonera se haya dispuesto la información requerida por el instructor para analizar la querella. Asimismo, cita un día antes a los cuatro querellantes en la causa.

   La citación, efectuada el 12 de marzo, llega después de la querella que el PSOE interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en septiembre del año pasado antes de que Cara perdiera su condición de aforado como parlamentario andaluz a raíz de la ley de incompatibilidades, lo que le llevó a renunciar a su cargo en la Cámara autonómica, según indica en su edición de este miércoles 'Ideal'.

   La denuncia achacaba al alcalde la comisión de presuntos delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad en documento público y malversación a raíz de siete expedientes distintos en los que están implicadas sociedades pertenecientes al grupo Hispano Almería.

   Los ediles socialistas emplearon "más de año y medio en poder reunir todas las pruebas incluidas en la querella" ante los "numerosos obstáculos" que, según refirieron en septiembre del pasado año, ha puesto el alcalde para que la oposición pudiera acceder a los expedientes.

   Los hechos denunciados afectan a siete expedientes distintos, por actividades mantenidas por el Ayuntamiento con las empresas Gesponiente y Alcosan, filiales del grupo Hispano Almería, y, además con la empresa Coalsa, por otro lado.

   En la denuncia se indica que en el año 2005, Cara compró acciones de Gesponiente, un hecho que "debía haber incluido" en las declaraciones de bienes y actividades presentadas tanto en el Ayuntamiento de La Mojonera, por su condición de alcalde, como en el Parlamento de Andalucía, pero que "no figura en ninguna de ellas".

   Con esta compra, Cara pasó a ser accionista de una empresa que "se beneficiaría posteriormente de dos operaciones firmadas con el Ayuntamiento" como son la enajenación de una parcela municipal en el sector 1, adjudicada a Gesponiente por 255.846 euros, y la permuta de unos terrenos municipales por otros de esta empresa, valorados ambos en 840.000 euros. "Se da la circunstancia de que Gesponiente había comprado los terrenos que permutó con el Ayuntamiento apenas unos meses antes, con un valor catastral de 300.506 euros, de modo que esta operación supuso importantes ganancias para la empresa", han apuntado.

ADJUDICACIÓN DE OBRAS

   Además de estas dos operaciones, la querella también señala las "irregularidades" presuntamente cometidas por el alcalde en la adjudicación de cinco obras municipales, realizadas por Construcciones Almería SA (Coalsa) y Construcciones Alcosan Almería SL, esta última filial grupo Hispano Almería.

   En concreto, se trata de las obras de adecuación y mejora del Centro Cultural adjudicadas por 605.849 euros, el complejo deportivo de la calle Rosaleda adjudicado por 296.000 euros, el Museo de la Agricultura adjudicado por 172.850 euros, el Centro de Usos Múltiples, que costó 738.336 euros, así como la reconversión ecoenergética y medioambiental del Recinto Ferial por otros 700.358 euros.

   "Estas cinco obras fueron adjudicadas con informes desfavorables de la secretaria del Ayuntamiento, del interventor municipal o de ambos, que advirtieron de que no se podían licitar los trabajos porque no estaba acreditado que los terrenos fueran de propiedad municipal y porque, en algún caso incluso, no existía disponibilidad presupuestaria. Pese a estos reparos, el alcalde adjudicó las obras, lo que a juicio de los denunciantes constituiría un caso de prevaricación penal", han resaltado.

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