La Comisión Estatal contra la Violencia decidió proponer multas de 123.000 euros a la Federación Española de Fútbol, como organizadora de la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y Athletic de Bilbao, en la que se produjeron pitidos al himno español.
Asimismo, la Comisión propone multas de 66.000 euros al Barcelona, 18.000 al Athletic, 100.000 a Catalunya Acción, como instigadora de la pitada, y 70.000 a cada una del resto de las organizaciones que la convocaron.
La RFEF se enfrenta a tres multas como "organizadora principal" del evento, por un total de 123.000 euros; el Fútbol Club Barcelona a dos multas por un total de 66.000 euros por sus "responsabilidades en la organización y desarrollo del dispositivo de seguridad"; y el Athletic Club de Bilbao a una propuesta de sanción de 18.000 euros por "inacción y falta de colaboración" respecto a las convocatorias de reivindicación política en el partido.
En el caso de la Federación sus sanciones son tres: una de 90.000 euros por el incumplimiento de las obligaciones en el diseño del dispositivo de seguridad; 18.000 por la inacción respecto a las convocatorias de pitada; y una de 15.000 por no designar a un delegado-informador que debe informar de los actos violentos o de intolerancia.
El Barcelona es multado por considerar Antiviolencia que su participación superó la "mera cesión de sus instalaciones" a la Federación, ya que asumió "cometidos y responsabilidades" en la seguridad, por lo que se le multa con 60.000 euros por incumplir obligaciones de seguridad y 6.000 por falta de colaboración respecto a la convocatoria de pitada, aunque esta sanción es "en grado mínimo" por las declaraciones públicas previas al partido que hicieron sus directivos, reconociendo "lo improcedente de la convocatoria".
El Athletic de Bilbao, por su parte, tiene esta misma sanción, pero de 18.000 euros -el grado máximo, según indica Antiviolencia-, por no constar declaraciones o actuaciones previas contra la pitada
La multa a Catalunya Acció, de 100.000 euros, se motiva por ser la "instigadora de la convocatoria" a la pitada e "inductora de su seguimiento", además de por el reparto de silbatos efectuado para maximizar la pitada. Por otra parte, el presidente de esta organización, Santiago Espot y Piqueras, se enfrenta a una propuesta de multa de 90.000 euros por su "implicación y participación personal".
Las once organizaciones que se adhirieron al manifiesto a favor de la pitada tienen una propuesta de multa de Antiviolencia de 70.000 euros para cada una.
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, anunciaron esta decisión este lunes en la sede del CSD, en una rueda de prensa realizada después de una reunión de una hora de la Comisión y aseguraron que son sanciones que no pretenden ser ejemplarizantes.
"No estamos ante algo extraordinario ni algo que pueda ser ejemplarizante", expresó Martínez en la rueda de prensa, en la que insistió que la tramitación de estas sanciones seguirá por un procedimiento administrativo que tendrá "todas las garantías" para las organizaciones objeto de sanción.
El secretario de Estado de Seguridad explicó que el proceso de estas sanciones es totalmente independiente de las actuaciones de la Fiscalía General del Estado por la vía penal.
"La Comisión Estatal contra la Violencia no persigue delitos. Lo que hace es proponer sanciones en el ámbito administrativo, de acuerdo con el derecho deportivo y con la Ley 19 de 2007 (contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte). Esta propuesta en este momento pone en marcha un procedimiento sancionador, que tiene todas las garantías", agregó Martínez.
Por su parte, el presidente del CSD explicó que las sanciones a la Federación y el Barcelona tienen que ver con "incidencias ordinarias de cualquier partido" relativas a la seguridad, mientras que las sanciones a las organizaciones promotoras de la pitada tienen que ver con la "incuestionable imprudencia" de la convocatoria.
Cardenal también explicó que la posibilidad del cierre del Camp Nou está contemplada por la ley, pero que nadie la ha solicitado dentro de la Comisión Antiviolencia.
