La última semana del mes de julio no está dejando indiferente a nadie en el Betis (ni dentro ni fuera), pues los acontecimientos que rodean al entramado judicial en el que se encuentra inmersa la entidad verdiblanca; es una fuente inagotable de noticias que van surgiendo alrededor de la figura de Manuel Ruiz de Lopera como principal protagonista de la película.
Así las cosas, un nuevo episodio judicial se ha llevado a cabo este martes, después de que se conociese por parte de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, el auto que confirma el procesamiento del empresario iniciado por la magistrada Mercedes Alaya, por un presunto delito societario continuado y otro más de apropiación indebida.
Una acusación que provocó que Lopera presentase un recurso que ahora, ha desestimado la Audiencia “teniendo en cuenta la amplia fundamentación del auto recurrido, donde se concretan los indicios existentes y la participación del procesado en los delitos por lo que ha sido procesado”, según refleja la resolución judicial. Todo ello, “sin perjuicio de la calificación de los hechos que se efectúen por el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas en la causa”, indica la Audiencia en su auto al que ha tenido acceso Efe.
En este sentido, no hay que olvidar que también son procesados el que fuera vicepresidente del club heliopolitano, Ángel Martín y en suma, el máximo responsable de la empresa den0minada Bitton Sport, Luis Oliver.
Un auto de procesamiento dictado por Alaya, que imponía además una fianza de 33,3 millones de euros, que afecta en el embargo a las acciones del Betis y a varias propiedades del exconsejero delegado, así como solicita hasta trece años y medio de cárcel para el exmandatario verdiblanco.
Para algunos, se trata de un dictamen algo incongruente, teniendo que el pasado 10 de julio, la misma Audiencia levantó, con fecha efectiva del 31 de julio, las medidas cautelares que pesaban sobre las acciones de Lopera, propietario de más del 50 por ciento de los títulos del Betis.
Ahora, la situación está bajo un impás a la espera de conocer si se terminan aplicando o no las medidas cautelares solicitadas por la vía Mercantil, que afectarían al 31 por ciento de las acciones que ostenta Ruiz de Lopera.
