El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Almería ha convocado la junta de acreedores dentro del proceso concursal de la empresa Hispano Almería para el próximo 5 de octubre a fin de que se aprueben o rechacen, en su caso, las propuestas al convenio que presente la propia entidad y, posteriormente, las que dispongan los acreedores.
Así consta en el edicto, en el que se indica que los acreedores que cuyos créditos superen conjunta o individualmente una quinta parte del total del pasivo resultante de la lista definitiva podrán presentar sus propuestas al convenio.
Entre ellos figuran varias administraciones públicas de carácter estatal y local, tres entidades bancarias, y al menos seis empresas privadas.
El juzgado resolvió declarar el concurso voluntario de Hispano Almería en diciembre de 2014 tras la petición efectuada por la compañía, una de las sociedades constructoras de obra civil y pública más destacadas de la provincia, el 16 de octubre.
La entidad, a la que se atribuyen edificios como el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, el Teatro Auditorio de Vícar o el Parque de Bomberos del Levante, entre muchas otras, no interesó la liquidación de los bienes, con lo que se acordó que el concurso se tramitaría conforme a las normas del procedimiento ordinario.
La sociedad, fundada en 1986, ha llegado a contar con más de un centenar de trabajadores, si bien durante los últimos meses tuvo que rechazar numerosas adjudicaciones de obras a las que había accedido mediante proceso de licitación, de forma que incluso llegó a abandonar algunas de las que ya tenía iniciadas debido a su situación financiera.
Ante la entrada en concurso de acreedores de la entidad, han quedado anotados como bienes de la empresa ocho vehículos, cinco fincas en la capital, dos en Roquetas de Mar y otras diez en Mojácar cuya administración y disposición de la sociedad concursal.
Cabe recordar que la mercantil se ubica en el marco de una investigación iniciada en octubre de 2013 por la Fiscalía Superior de Andalucía con la que se intenta determinar si se han producido presuntos pagos de comisiones ilegales al PP de Almería a través de las instituciones en las que gobierna; una situación que desde la empresa y el partido se ha negado sistemáticamente.
