El grupo de IU-Málaga Para la Gente en el Ayuntamiento de la capital malagueña presentará enmiendas al proyecto de ordenanzas fiscales de 2016 del equipo de gobierno del PP. Las propuestas de la coalición atienden a criterios sociales, tratando de "dispensar un trato más justo a las personas con menos recursos", y de sostenibilidad medioambiental.
Se trata de 10 enmiendas con las que Málaga Para la Gente persigue una recaudación extra "muy leve" en aquellos sectores que más tienen y que más pueden aportar, lo que permitiría tener "cierto margen para hacer políticas de reactivación y dinamización de la economía".
Y, por otro, atenuar la presión fiscal para las personas más humildes, lo que supondrá avanzar hacia unas ordenanzas fiscales con "mayor progresividad y equidad fiscal en beneficio de las familias", ha indicado el portavoz municipal de la coalición, Eduardo Zorrilla.
Málaga Para la Gente reconoce que se ha avanzado en estas ordenanzas respecto a las de años anteriores, habiendo aceptado ya de entrada algunas de sus propuestas, pero, según Zorrilla, "todavía hay margen para mejorarlas, para recaudar de una forma más progresiva y justa, favoreciendo más a los que menos tienen y evitando que la carga fiscal recaiga principalmente en las personas y familias más humildes".
En general, las actualizaciones proponen exenciones y bonificaciones en los tributos atendiendo a criterios medioambientales como la sostenibilidad, el ahorro energético y la reducción de emisiones contaminantes, y también sociales, en un momento todavía de crisis.
Zorrilla ha explicado a Europa Press que las enmiendas de su grupo se basan en dos ejes. Por un lado, ha especificado, "se ha intentado dispensar un trato más justo a las personas con menos recursos a través de los tributos, tasas y precios públicos".
Ello mediante la introducción de criterios sociales en los beneficios para familias respecto del IBI y de determinados precios públicos, la bajada de éstos últimos en algunos casos y el establecimiento de mayores descuentos para aquellos con pocos recursos y para parados.
TARJETA DE LA EMT
En este punto, proponen la creación de una tarjeta de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) para personas sin empleo o con escasos recursos, mediante la extensión de la actual oro gratuita. Podrían beneficiarse de ella aquellos que no superen los 750 euros brutos mensuales, y, en el caso de los matrimonios o parejas, los 1.500 euros.
"Tan importante es ayudar a que un parado pueda coger el autobús para ir al hospital o a una entrevista laboral como para que una persona que gana 350 euros pueda ir todos los días a su trabajo", ha defendido el edil de IU.
Además, ha resaltado que es una medida que, con distinta cuantía y alcance, se está aplicando ya en ciudades españolas como Burgos, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Pamplona o Toledo, y en europeas como Bruselas, Viena o Turín, entre otras.
También se apuesta por incentivar el aprovechamiento de las viviendas sujetas a especulación y que se constate que están desocupadas y deshabitadas, aumentando la progresividad en la tributación para aquellas vacías con carácter permanente y cuya propiedad pertenezca a bancos, fondos de inversión o inmobiliarias.
ENERGÍAS RENOVABLES
Respecto al segundo eje, se aboga por el fomento de la sostenibilidad con la utilización de energías renovables, mediante el aumento de las bonificaciones para instalaciones de energía solar y de vehículos eléctricos.
Para ello, este grupo municipal propone promover planes de transporte colectivo en las empresas, el uso de vehículos eléctricos, así como la instalación y utilización de sistemas de aprovechamiento energético. Esto supondría un incremento respecto a las bonificaciones del IAE, del IBI, del ICIO y del IVTM para quienes cumplan con los requisitos.
En un intento por fomentar la equidad entre todos de forma progresiva, se plantea, asimismo, adecuar la cuantía de las bonificaciones a la situación de cada individuo o familia en función de sus ingresos.
De este modo, por ejemplo, se incrementarían las bonificaciones para familias con menos ingresos, se establecerían mayores descuentos para aquellas personas con pocos recursos o en situación de desempleo en determinados servicios públicos, y se facilitaría el acceso a selección de personal a las víctimas de violencia de género mediante la exención de las tasas administrativas.
