El colectivo de 89 extrabajadores de la base aérea de Morón de la Frontera que reniegan del acuerdo alcanzado para el expediente de regulación de empleo (ERE) mediante el que todos ellos fueron despedidos, allá por 2010, estudian recurrir al Tribunal Constitucional la decisión de la Audiencia de Sevilla que desestima su recurso de apelación, contra la decisión previa del Juzgado de Instrucción número 15 de archivar la denuncia de estos extrabajadores por presunto fraude en el despido colectivo.
En declaraciones a Europa Press, Vicente Amador Ruiz, portavoz del colectivo, ha explicado que dado que los jueces "no han permitido testificar a personal estadounidense" propuesto por la representación de los afectados, unas pruebas testificales que constituían la "parte más importante" de sus argumentos acusatorios, sopesan promover "un recurso de amparo" ante el Tribunal Constitucional.
"No les han permitido declarar", lamentaba antes de opinar que el reciente auto de la Audiencia Provincial "huele a sentencia política".
La Audiencia Provincial, como hemos informado, no ha considerado "acreditados" los posibles delitos de fraude, prevaricación, tráfico de influencias y financiación ilegal atisbados por el colectivo de 89 trabajadores que pese a su deseo de conservar sus puestos de empleo, fueron despedidos mediante este ERE pactado en 2010 entre la empresa y el anterior comité de empresa, pues la plantilla cuenta actualmente con representantes distintos. Así, ha sido desestimado el recurso de apelación promovido por el colectivo contra la decisión previa del juzgado de archivar las actuaciones, decisión que ha confirmado plenamente la Audiencia Provincial.
EL ERE DE 2010
Hablamos del primer expediente de regulación de empleo acometido por VBR en la plantilla española de la base aérea de Morón de la Frontera, cuyo uso comparten España y Estados Unidos. Y es que en total, esta empresa relevada después por Vectrus consumó despidos colectivos en 2010, 2013 y 2014, destruyendo 240 puestos de empleo estables.
En el caso del primer ERE, anunciado a finales de 2010, VBR pretendía extinguir 286 puestos de trabajo indefinidos ligados a los servicios de mantenimiento y logística de esta base militar, si bien tras una negociación entre las partes, medió un acuerdo entre la empresa y los representantes de la plantilla en aquel momento, para reducir a 150 el número de despidos. Pero una vez firmado dicho acuerdo, el número final de trabajadores afectados se redujo a 119, al descubrir la Inspección de Trabajo la inclusión de 31 empleados que ya habían causado baja en la empresa, extremo investigado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.
Estas diligencias partían de una denuncia formulada por varios extrabajadores de la base afectados por este primer ERE y por la sección sindical de USO, quienes avisaban de que la anomalía descrita sugiere "indicios" de fraude en el caso de las partes firmantes del ERE, prevaricación por parte de la entonces delegada provincial de la Consejería de Empleo y "financiación ilegal y tráfico de influencias" por parte del alcalde de Alcalá de Guadaíra y senador, el socialista Antonio Gutiérrez Limones. Estos extrabajadores consideran que el anterior comité de empresa, a excepción de USO, "entregó" literalmente la plantilla a la empresa a cambio de que el ERE se formulase de tal modo que "beneficiase" a determinados trabajadores relacionados con el mundo de la política y los sindicatos.
PRESUNTAS CONTRAPARTIDAS
Vicente Amador, en ese sentido, se mostraba "seguro" de que los miembros del anterior comité, a excepción de USO, no reaccionaron al ERE de 2010 con una defensa de los trabajadores, sino negociando presuntas contrapartidas para los trabajadores relacionados con el mundo de la política o los sindicatos.
Porque según Vicente Amador Ruiz, la empresa accedió a introducir en el ERE, y por tanto despedir con su correspondiente indemnización de 45 días por año de servicio, a determinados trabajadores que estaban cerca o a punto de cumplir los 65 años, cuando podría haberse desecho de tales empleados sin indemnización alguna sólo con dejar transcurrir el tiempo hasta su jubilación. Según concreta, de los 119 trabajadores despedidos mediante este ERE, 30 de ellos fueron claramente "beneficiados" porque muchos de ellos "estaban ya en estado de prejubilación y cada año hacían sólo poco más de 20 días de trabajo", con lo que "prácticamente no pertenecían ya a la empresa" y a VBR no le compensaba verdaderamente pagarles indemnizaciones por despido.
