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La Audiencia Nacional obliga al Gobierno a pagar 600.000 euros del Miner a Belmez

Uno de los puntos a los que se acogía el Ministerio de Industria y Energía para no hacer efectivo el pago del convenio es que en 2011 se volvió a iniciar la tramitación del mismo convenio, aprobado con anterioridad, para su liquidación en ese mismo año

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La Audiencia Nacional ha fallado a favor del Ayuntamiento de la localidad cordobesa de Belmez en el recurso interpuesto contra el Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras para hacer efectivo el convenio de compra del suelo del futuro recinto agroganadero en relación con el Plan Miner, por un importe de 600.000 euros, que no fueron abonados.

   Así lo han confirmado a Europa Press fuentes municipales y ha adelantado la prensa provincial, que detalla que con esta resolución notificada este lunes en el Ayuntamiento y que puede ser recurrida, el Ministerio de Industria y Energía debe sufragar los 600.000 euros del proyecto antes de que finalice el año.

   Al respecto, este dinero quedó pendiente tras la decisión del Gobierno central de suprimir los Fondos Miner en diciembre de 2011 y originó una serie de movilizaciones en el municipio del Guadiato, tras lo cual el Consistorio interpuso la demanda contra el Ministerio, en la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

   Uno de los puntos a los que se acogía el Ministerio de Industria y Energía para no hacer efectivo el pago del convenio es que en 2011 se volvió a iniciar la tramitación del mismo convenio, aprobado con anterioridad, para su liquidación en ese mismo año, lo que implicó solicitar nuevamente los informes preceptivos.

   Además, se fiscalizó la propuesta de gasto y se remitió a la Junta de Andalucía y a Belmez para su firma, previa a la del presidente del Instituto y a la fiscalización definitiva del compromiso de gasto. El convenio firmado se recibió el 20 de diciembre, pero debido al cambio en la Secretaría de Estado no se pudo firmar dentro del ejercicio de 2011.

VALORACIÓN MUNICIPAL

   En este sentido, el alcalde, José Porras (PSOE), ha mostrado su satisfacción por esta sentencia, dado que "reconoce la lucha de todo un pueblo que reclamaba lo que le pertenecía", a lo que ha añadido que "es una victoria sobre el Gobierno del PP que quitó estos fondos en 2011 y que en todo este tiempo ha estado mirando hacia otro lado; es una victoria de la corporación, de todo el pueblo de Belmez y de la comarca del Guadiato", ha resaltado.

   Asimismo, Porras ha avanzado que van a seguir reclamando los proyectos Miner que Belmez tenía solicitados dentro del Plan de la Minería 2006. Se trata de tres iniciativas: la ampliación del polígono industrial San Antonio, por un importe de un millón de euros; el laboratorio de materiales para la Escuela Universitaria Politécnica, con 800.000 euros, y la restauración, recuperación y puesta en producción de suelo agrario, por un importe próximo a los 200.000 euros. Sobre este suelo, el Consistorio pretende desarrollar el cultivo de alfalfa y olivar.

   Mientras, la actual portavoz de IU y anterior alcaldesa, Aurora Rubio, ha destacado que "solo hay dos sentencias de comarcas mineras que hayan ganado al Ministerio de Industria tras la supresión de los Fondos Miner", el Principado de Asturias, y en la comarca del Guadiato, el Ayuntamiento de Belmez.

   "Se ha conseguido lo que por derecho nos correspondía", ha manifestado Rubio, que fue quien en su momento, en calidad de alcaldesa de Belmez, encabezó las protestas llevadas a cabo, incluida una acampada ante la Subdelegación del Gobierno en la capital cordobesa que se prolongó unos 80 días.

   Después se decidió cambiar el escenario de la protesta por una reivindicación a nivel judicial que comenzó con las actuaciones en la Audiencia Nacional, y que este lunes, después de tres años, Belmez ha conseguido ganar y restituir la situación por la supresión de estas ayudas, que estaban destinadas para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras, con la finalidad de generar actividades productivas que crearan empleo en compensación al cierre de la actividad minera.

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