El abogado de Adrián Manuel Moreno, el joven sevillano condenado a seis meses de cárcel por un delito de hurto tras robar una bicicleta de 'Sevici' en junio de 2008, hechos por los que ha sido fijado para el próximo día 15 de marzo su ingreso voluntario en prisión, ha criticado este martes que el Juzgado de lo Penal número 13 no haya enviado aún al Ministerio de Justicia los informes preceptivos para que se estudie su solicitud de indulto.
Fuentes del departamento que dirige en funciones Rafael Catalá ya informaron a Europa Press de que, como es habitual al recibir una petición de indulto, el Ministerio ha solicitado al tribunal sentenciador y al Ministerio Fiscal los informes pertinentes, de modo que cuando éstos lleguen, serán analizados.
El abogado del condenado, Ángel Bordas, ha señalado a Europa Press que los informes, "probablemente, sean desfavorables", pues "la lógica manda, y si no han permitido la sustitución ni suspensión de esta pena irrisoria, no creemos que haya ningún cambio".
"LENTITUD" DE LA JUSTICIA
"Lo importante es que los envíen para cerrar el expediente y poder resolverlo, y han tenido meses para hacerlo", según ha subrayado el letrado, que ha aseverado que "el problema radica" en que este viernes el Consejo de Ministros "no podrá resolver sin esos informes y, por tanto, Adrián tendrá que entrar en prisión el próximo martes".
Al hilo de ello, Ángel Bordas ha criticado que, "de nuevo, la lentitud de la Justicia hará que, a pesar de que el indulto en este caso parece cantado, dicha medida de gracia no llegue y su tardanza pierda la finalidad deseada".
"Sólo hay una esperanza, que el Ministerio resuelva dicho indulto sin esos informes, o la jueza suspenda la entrada en prisión hasta que se resuelva el indulto, aunque lo vemos poco probable", ha considerado el abogado, que ha concluido lamentando que "una Justicia lenta e inhumana no es Justicia".
LOS HECHOS
Cabe recordar que el Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla le condenó en junio de 2010 a seis meses de cárcel por un delito de hurto por unos hechos ocurridos el 14 de junio de 2008, cuando Adrián, en unión de un menor, cogió "sin disponer para ello de la correspondiente tarjeta de alquiler" una bicicleta de 'Sevici'.
En junio de 2015, la Audiencia Provincial confirmó la sentencia, tras lo que el Juzgado dictó un auto el día 22 de septiembre en el que le denegó la suspensión de la condena de seis meses de prisión ni su sustitución por una multa o trabajos en beneficio de la comunidad.
La juez argumentó que, "si bien el reo no es reo habitual, de su hoja histórico penal se constata la conducta del reo que no resulta merecedora de tal beneficio", añadiendo que ya fue condenado en el año 2010, "acordándose la remisión definitiva, delinquiendo nuevamente inmediatamente después del periodo de suspensión, con lo que los beneficios previstos legalmente no han producido efecto resocializador alguno", acordando su ingreso voluntario en prisión el día 16 de octubre de 2015.
Tras ello, la juez suspendió su entrada en prisión en espera de que la Audiencia Provincial resolviese el recurso en el que el condenado solicitaba la suspensión de la pena o su sustitución por una multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Después de que la Audiencia rechazase este recurso, la juez ha fijado nuevamente su ingreso voluntario en prisión para el día 15 de marzo.
EL AYUNTAMIENTO APOYA EL INDULTO
El pasado mes de octubre, los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla, PSOE, PP, Ciudadanos, Participa e IU-CA, suscribieron una declaración institucional en la que apoyaron la petición de indulto formulada por el joven.
En esa declaración, los grupos municipales daban cuenta de que "el delito se cometió cuando Adrián tenía 18 años de edad", pero "en la actualidad se encuentra completamente rehabilitado", porque "tiene trabajo en un restaurante y es el único sustento de sus dos hijos, uno de ellos recién nacido, y de su mujer".
"El Ayuntamiento, como entidad titular del servicio municipal del préstamo de bicicletas, quiere interceder ante las autoridades judiciales para evitar los citados efectos indeseados de una entrada en prisión a todas luces innecesaria", señala la declaración institucional, según la cual "si Adrián entrara en prisión, se dañará el proceso vital de esta persona perfectamente integrada en el mundo socio-laboral y el de toda su familia, que en un marco de creciente precariedad, depende económicamente por completo de su salario".
