El Estado ahoga a los contribuyentes imponiendo cargas fiscales que en ocasiones son difíciles de entender. El impuesto de sucesiones y donaciones debería contribuir a la redistribución de la riqueza. Todo aquel que se ve favorecido por una adquisición gratuita debe regalarle (pagar) un porcentaje de la misma al Tesoro Público.
En España tenemos un caos legislativo asombroso en materia de impuestos, y particularmente en lo que afecta al impuesto de sucesiones y donaciones. No es lo mismo morirse en Andalucía que en Madrid, Extremadura, Navarra o Catalunya. Los herederos, en el caso de las adquisiciones “mortis causa”, es decir por el fallecimiento de una persona, los donatarios o beneficiarios en las donaciones y demás transmisiones lucrativas “inter vivos”, o entre personas que no han fallecido, y los beneficiarios de los seguros de vida, deben pagar a Hacienda el porcentaje que haya establecido la correspondiente Comunidad Autónoma o, en su defecto, el que figura en la escala que fija la ley nacional, que oscila entre el 7,65% y el 34%.
El impuesto de sucesiones y donaciones es uno de los cedidos a las comunidades autónomas y, en el caso de Andalucía, de los que más penalizan a los ciudadanos. Andalucía es la comunidad autónoma que mantiene el tipo impositivo en sucesiones y donaciones más alto de España. No es justo. Rompe el equilibrio entre los ciudadanos españoles. Es un atentado al principio de igualdad.
En España se han triplicado las renuncias a las herencias desde 2007 por la alta fiscalidad. Andalucía es el territorio donde más renuncias a las herencias se producen, porque los beneficiarios no pueden pagar los impuestos. Esto es una auténtica vergüenza. Sin embargo, los que sí pueden contribuir, tratan de huir de Andalucía para no pagar esos impuestos. Todos conocemos el famoso caso de la herencia de la Duquesa de Alba. Los herederos discuten con el Estado español si pagan por la herencia conforme a la legislación autonómica andaluza, por tener la difunta su residencia en Sevilla, o si pagan según las leyes de Madrid, lugar donde estaba fijado el domicilio fiscal de la mujer más noble de España. La cuestión no es baladí, porque eegún estimaciones de la prensa, la fortuna de la Duquesa está valorada en 3.000 millones de euros. Si la Justicia entiende que los herederos deben tributar conforme a la legislación andaluza, pagarán alrededor de 1000 millones de euros en impuestos; pero si es la comunidad de Madrid la beneficiaria del impuesto, sólo tendrán que pagar unos 10 millones de euros, porque en la capital de España el impuesto de sucesiones y donaciones está bonificado en un 99%.
Hace muchos años existe un clamor popular por la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía o, al menos, que no tengamos un régimen confiscatorio como el actual. El impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía es abusivo, desequilibrado e injusto. Un andaluz paga cien veces más por este impuesto que un madrileño, y esto no puede ser. Es lamentable que en Andalucía haya personas que no pueden heredar por la carga fiscal que supone.
Ahora, en plena campaña electoral, la Junta de Andalucía ha anunciado que estarán exentas de impuestos las herencias de menos de 250.000 euros que pasen de padres a hijos o a otros familiares directos. Esa medida entrará en vigor a partir de 2017. ¿Por qué no la adoptaron hace ya muchos años? La Presidenta de la Junta, Susana Díaz, manifestaba días atrássu preocupación por lo que pudiera pasar con la herencia de padres, explotaciones agrarias o empresas familiares. Ese interés de la Presidente, ahora, parece de un cinismo alucinante. La señora Díaz, posible sustituta de Pedro Sánchez en el PSOE, bien sabía que hay otros partidos políticos, como el PP, que llevan años recogiendo firmas para suprimir el impuesto de sucesiones en Andalucía. Hay que felicitar a nuestros gobernantes por la reforma, pero también afearles que la hayan hecho muy tarde y en un momento en el que están necesitados de arañar votos aunque sea a costa de los muertos, y buscando una medalla que no les corresponde.
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