La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto este lunes a la batería de nulidades presentadas por las defensas de los 37 acusados en la primera época de la trama 'Gürtel' y ha reprochado a las acusaciones y al PP que al pedir la nulidad del procedimiento está tratando de "intoxicar el trámite", lo que, en su opinión, es una defensa "oportunista, desenfocada y muy grave".
Así lo ha dicho la representante de la Fiscalía Concepción Sabadell durante su intervención de cerca de dos horas en la tercera jornada del juicio. En ella, ha advertido que no va a contestar a ninguna de las cuestiones expuestas por los acusados como que el Ministerio Público "pacta en este edificio".
Las acusaciones sospechan que Jacobo Gordon, Alfonso García-Pozuelo y Roberto Fernández han alcanzado un acuerdo con Anticorrupción, ya que la Fiscalía solicitó que fuesen los primeros en declarar.
La Fiscalía ha solicitado al tribunal que no acepte ninguna de las nulidades presentadas por los acusados como la relativa a la instrucción del que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en los primeros momentos de la investigación, las grabaciones efectuadas por el exconcejal del Ayuntamiento de Majadahonda José Luis Peñas, que dieron origen a la causa, la incautación del pendrive del contable José Luis Izquierdo, la prescripción de los delitos de los que se acusa a sus clientes o la falta de validez de la documentación remitida por Suiza sobre el fraude fiscal presuntamente cometido por algunos de ellos.
Aunque sí que ha apoyado la aportación de nuevos documentos y petición de testificales, la fiscal ha remarcado que coincide con la Sala en que la solicitud de la acusación ADADE de que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, no procede "por el momento".
NO SE PUEDE BASAR EN LA RETROACTIVIDAD
En primer lugar, Sabadell ha destacado que la nulidad del juicio basándose en que las conversaciones que ordenó Garzón a algunos de los acusados mientras estaban en prisión no se puede sostener porque no se puede basar en "la retroactividad".
"No vale decir que está contaminado, hay que precisar qué informes están contaminados", ha concretado.
"Todo lo que derivaba de las mismas ha sido expurgado", ha señalado la fiscal, al mismo tiempo que ha asegurado que el procedimiento "es plenamente válido", ya que no "deriva de dichas conversaciones" y ha recordado que hay un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que así lo acredita.
Con respecto a las grabaciones del denunciante, la fiscal ha rechazado de plano que éstas no puedan emplearse en el juicio. "Ni son el origen de la causa ni son nulas ni están manipuladas", ha defendido Sabadell.
La representante del Ministerio Público ha asegurado que la investigación arrancó en 2009 no por los audios registrados por el exconcejal sino por su denuncia que, eso sí, apoyó con las cintas.
Sabadell ha citado numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo y ha descartado que las grabaciones vulneraran el derecho a la intimidad de los acusados ya que su contenido ni afecta a su ámbito personal o familiar.
También ha descartado que el denunciante tuviera un interés "espúreo" al aportarlas o que estuvieras manipuladas ya que contienen fragmentos que perjudican al propio Peñas que, de hecho, está acusado en la causa y se enfrenta a una pena de seis años y cinco meses.
LA AUTORIZACIÓN DE SUIZA NO ES VÁLIDA PARA DELITOS FISCALES
Las defensas de algunos de los acusados como Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias o su supuesto testaferro en Suiza, Iván Yáñez, pidieron la invalidez de la utilización de la documentación remitida por las autoridades suizas para los delitos contra la Hacienda Pública. A esto la fiscal ha recordado que está "próxima" la autorización pero que en cuanto llegue esta alegación quedaría sin validez.
Esto es así porque los acusados que tienen imputados más delitos, además de los de contra la Hacienda Pública que es la única que necesita dicha autorización.
Así, se ha opuesto de plano a que se admita la petición sobre nulidad de la documentación suiza planteada por la defensa del exsecretario del PP en Galicia Pablo Crespo, ya que a él "no se le atribuye ningún delito por sus tributos".
Tampoco considera válidas las alegaciones de los acusados sobre la invalidez de los registros practicados o de la incautación de documentos esenciales para la causa como la documentación que se recogió en el despacho del presunto cerebro financiero de la trama Luis de Miguel o el famoso 'pendrive' que le fue intervenido al contable José Luis Izquierdo cuando intentaba ocultarlo en la mano.
Sabadell ha advertido que las declaraciones en sede judicial prestadas por todos ellos a partir del año 2009 y los autos posterior interrumpen el cómputo de años transcurridos.
DISPENSA PARA ACUDIR AL JUICIO
La Fiscalía rechaza, además, la pretensión casi generalizada de los acusados de quedar dispensados de la asistencia al juicio. En su opinión, estar presente en la vista oral es no sólo una obligación sino también una garantía procesal que se vería menoscabada si no acuden.
No está de acuerdo tampoco en la petición de alterar el orden del juicio para permitir de que los procesados declaren en último lugar, tal y como, por ejemplo, solicitó la defensa de Crespo. "Con la declaración se delimitan los hechos objeto de prueba", ha concluido.
