La situación económica del Ayuntamiento viene condicionando inevitablemente la gestión del equipo de Gobierno socialista. A las deudas ya conocidas, a los requerimientos de pago vía judicial y a la eliminación de la Participación de los Ingresos del Estado como consecuencia de la deuda en Seguridad Social, se le ha sumado durante los últimos días la orden de paralización de contratos dada por el nuevo servicio de Intervención, aunque esta medida se llegó a aplicar tan sólo unos días. No obstante, como que el equipo de Gobierno tendrá que seguir practicando necesaria y obligatoriamente una política de contención del gasto, el ejecutivo no ha querido tocar el único cauce con el que ayuda a las familias, es decir, la contratación a través de Servicios Sociales...
Delegada, ¿cuál es la situación en estos momentos?
— Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a la población. Es cierto que hemos paralizado algunos días los contratos, pero no por motivos políticos. Estamos en pleno proceso de incorporación de una nueva interventora y es normal que la persona encargada de fiscalizar la economía municipal tome medidas. Es normal que necesite unos días para ver la situación del Ayuntamiento y con buen criterio nos dijo que necesitaba algún tiempo para ponerse al día y fiscalizar los gastos. Por ello, se suspendieron los contratos en Servicios Sociales durante tres días. Por lo demás, tenemos que tener precaución a la hora de hablar de suspensión de contratos para no crear alarma, sobre todo en estas fechas que se aproximan. Los contratos se siguen haciendo.
Raro es el día en que no ha sufrido usted un sobresalto con un requerimiento de pago, una nueva deuda, una sentencia contra los intereses del Ayuntamiento... ¿Se teme que siga siendo una constante, incluso que empeore la situación?
— Cuando llegamos al Gobierno tuvimos una primera visualización de las cuentas y no nos coge por sorpresa las deudas. Sabemos que hay deudas sin consignación presupuestaria. Sabemos que la deuda existe y que es del Ayuntamiento. Una parte de la deuda se pagará con su correspondiente consignación, pero las facturas sin consignación tendrán que ir al Pleno para su reconocimiento y a partir de ahí hacer una planificación de pagos.
De todas las deudas, ¿cuál preocupa más al equipo de Gobierno? Sólo en Seguridad Social se debería más de 30 millones de euros...
— La preocupación del alcalde es la deuda global, porque nos encontramos un ayuntamiento con 64 millones de deudas, que es mucho dinero para una población de 31.000 habitantes. Para nosotros, la deuda prioritaria fue con la que teníamos con los trabajadores, a los que pagamos la extraordinaria que se les quitó en 2012 por un decreto del Gobierno de Rajoy. Somos de los pocos ayuntamientos que han pagado esta deuda, aunque tenemos aún pendientes algunos atrasos. Ahora estamos afrontando las deudas del día a día con los pequeños y medianos empresarios, que soportan una presión financiera brutal por parte del Ayuntamiento. No es de recibo que para que un ayuntamiento se luzca tenga a los empresarios financiando las obras como ha pasado en estos últimos cuatro años. Esos pequeños empresarios también tienen que pagar nóminas y son trabajadores de Arcos. También nos hemos encontrado con una deuda de 30 millones de euros en Seguridad Social que nos quita el sueño, pero también debemos a Hacienda y de los préstamos ICO que sirvieron en su día para pagar a los proveedores. Además, tenemos que recuperar la PIE, con lo cual podríamos ingresar todos los meses 600.000 euros. Si eso se cumple, podríamos hacer más obras y más contratos.
¿Qué opina el nuevo servicio de Intervención de estas deudas?
— Bueno, tal vez sea prematuro hablar de ello porque, insisto, se incorporó hace unos días. Lleva una semana trabajando y su primera preocupación ha sido cómo solventar los gastos de personal. Para la interventora la prioridad ha sido descongestionar las contrataciones. Seguramente, hará una comparativa entre la deuda con la que entramos a gobernar y la deuda actual.
La oposición se le ha brindado, en el caso de Ai-Pro, para reconocer facturas y ayudar a mejorar la economía municipal...
— Es un poco tarde. En los plenos tengo que sufrir las clases de micro y macroeconomía de los representantes de la oposición, pero lamento que me hagan ahora ese ofrecimiento porque echo en falta que me quieran aplicar la teoría que ellos no aplicaron cuando gobernaban. Si hubieran aplicado su teoría no nos habrían llevado a los límites actuales de endeudamiento. Si hubieran hecho su tarea, ahora no estaríamos hablando de paralización de contratos y de grandes deudas. En un año y medio no tenemos nada fuera de presupuesto, y todo lo hemos hecho con coherencia. El alcalde viene explicando desde el primer minuto del mandato que gobernaríamos con responsabilidad y sentido común. El sentido común dice que si tengo tres me puedo gastar a lo sumo tres, no cuatro.
Nos preguntamos, delegada, cómo el Estado puede permitir que un ayuntamiento alcance tal volumen de endeudamiento...
— La falta de control, la verdad, ha existido sí o sí. El principal problema que generó la etapa de gobierno del PP y Ai-Pro fue el coste en personal, que no es sólo el coste de las nóminas, sino de la Seguridad Social. Teníamos un presupuesto de unos 22 millones de euros y 13 dedicados a personal, pero finalmente se gastaron 18 millones. Claro, hemos dejado cinco millones fuera. No había presupuesto. El anterior gobierno vivió por encima de sus presupuestos.
No obstante, llegaron ustedes y comenzaron a aplicar medidas como la rebaja a la mitad de la nómina municipal y suprimir gratificaciones y productividades. ¿Qué falta por hacer?
— Estudiar el convenio colectivo del Ayuntamiento y cerrar la RPT. En el anterior mandato la nómina se subió hasta 1,4 millones de euros, y además se pagaban 200.000 euros de gratificaciones y productividades, es decir, en sobresueldos. Sin embargo, a pesar de eliminar estos conceptos, es de justicia reconocer que en algunos casos no eran sobresueldos, sino una forma de equipar las funciones. Pero, en el anterior mandato se daban sobresueldos a familiares y allegados.
¿Brindará de alguna manera la RPT la contratación pública que pueda aumentar la carga financiera del Ayuntamiento?
— La plantilla está sobredimensionada. En su día entraron personas para un mes o unos meses y finalmente se quedaron en el Ayuntamiento. Este equipo de Gobierno tenía muy claro que no iba a haber despidos. Lo único que podemos hacer es no renovar las plazas que vayan dejando trabajadores que se jubilen, premiar las jubilaciones anticipadas...
No obstante, se dejaron de prorrogar unos 150 contratos...
— Fue un tema polémico, como polémica fue la readmisión de seis trabajadores. La Justicia ha dejado claro que no se despidió a nadie, sino que se dejó de prorrogar contratos, que es distinto. El déficit del Ayuntamiento no nos permitía renovar esos contratos. La última sentencia recibida viene a demostrar que desde 2011 todo el mundo entró en el Ayuntamiento a dedo, sin proceso alguno de selección pública. Ahora, por primera vez en la historia del Ayuntamiento, se hacen procesos de empleo regulados.
