El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Fernando Macías, ha mostrado la preocupación de la formación política por la “grave situación” creada en el conflicto Pascual-Junta de Andalucía, que hasta el día de ayer ponía en vilo a la plantilla ante el impago de las nóminas y a día de hoy, aún no queda garantizada la asistencia sanitaria en zonas como la Sierra donde la cobertura de Pascual es la única asistencia sanitaria disponible.
Recuerda Macías que de acuerdo con la información transmitida a IU por los trabajadores, la situación generada es preocupante tanto para los empleados de Pascual como para los pacientes, por un lado, por la incertidumbre de pago de nóminas que ahora parece medio resuelto y por otro, porque hospitales como el de Villamartín se enfrentan al cierre de instalaciones y cuenta ya con una importante merma de camas disponibles.
El coordinador provincial confía en que definitivamente se llegue a un acuerdo tal y como apuntó ayer el consejero de salud, aunque califica de “gravísima” una situación generada por ambas partes y a la que “nunca se tenía que haber llegado”. “Con la salud de la gente no se juega”, señala el coordinador provincial, que además, entiende que “no es tolerable que se anteponga el beneficio empresarial de los dueños de Pascual y la inacción de la Junta para resolver un problema con el que esta provincia lleva décadas, a los derechos de los pacientes; ya que hay comarcas, como la Sierra de Cádiz, en las que estas infraestructuras son fundamentales”. Para Macías, es “inaceptable que, por unos y otros, se esté jugando con la salud de las personas” y recuerda que los únicos afectados no están siendo los usuarios y pacientes de los hospitales de Pascual ya que, con la derivación sistemática a hospitales públicos como el de Jerez, se están saturando servicios que, ya de por sí, estaban permanentemente al borde del colapso.
Por otro lado, recalca el dirigente provincial que “IU nunca estará de acuerdo con que se utilice a los trabajadores como arietes ni como escudos humanos en negociaciones en las que, creemos, Pascual podría haber evitado perfectamente llegar a estos extremos” y se pregunta a su vez, “por qué la Junta de Andalucía ha permitido que, durante más de 30 años, esta empresa privada gane una posición de poder en un campo tan delicado como la salud”. A su juicio, “los pacientes no pueden ser moneda de cambio ni rehenes en la negociación de nadie; ni los trabajadores pueden dejar de cobrar por un conflicto que parece que se está enconando y del que ellos no tienen ninguna responsabilidad”.
En este sentido, confía en “el acuerdo definitivo entre Pascual y Junta para solventar una situación que, en algunas comarcas como la Sierra, ya es crítica”. Mantiene que “deben ser las instituciones quienes salvaguarden un derecho tan fundamental como el de la salud” y recuerda que “para garantizar este derecho de todos los andaluces, la Junta de Andalucía, cuenta con las herramientas legales necesarias”.
Finalmente, el coordinador provincial remarca la apuesta de “IU por la sanidad pública” y afirma que “quizás ya sea hora de empezar a plantearse arrebatar a Pascual esa posición de privilegio, buscando soluciones eficaces para que sus trabajadores no sufran periódicamente las consecuencias de las negociaciones y renegociaciones periódicas entre los propietarios y la Junta”.
