El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Torremolinos ha informado que propondrá en la siguiente sesión plenaria del mes de enero la creación de una Comisión de Investigación para abordar el caso de 'Parque Animal. Una vez conocida la sentencia que condena a tres años y nueve meses de prisión a Carmen Marín, presidenta de la asociación concesionaria de la gestión de la perrera municipal.
El Equipo de Gobierno, asegura que "la administración local tomará medidas al respecto para dar luz a lo ocurrido entre la asociación Parque Animal y su relación con el Ayuntamiento". Asimismo, la edil ha señalado que "esta sentencia condenatoria arroja luz a uno de los asuntos más ocultos de la gestión del anterior alcalde, Pedro Fernández Montes, y su equipo".
El actual equipo de Gobierno considera primordial iniciar los diferentes procesos para que "la ciudadanía de Torremolinos, y de fuera incluso, conozca toda la realidad de lo ocurrido y se depuren responsabilidades políticas y administrativas”.
El equipo de gobierno ha recordado que "ya en los años 2010 y 2013, PSOE e Izquierda Unida propusieron al pleno la creación de una Comisión de investigación para investigar lo ocurrido en la perrera municipal por parte de Parque Animal con independencia de las responsabilidades penales. Sin embargo, en las dos ocasiones se impuso la mayoría del PP que bloqueó las iniciativas. En 2015, se produjo otra iniciativa para investigar y depurar responsabilidades, nuevamente bloqueada por el PP”.
Para el actual equipo de Gobierno resultan extremadamente preocupantes algunos párrafos de la sentencia en la que se llega a poner de manifiesto que una vez que los documentos estaban en el Ayuntamiento se permitió que la condenada los pudiera manipular. Así en el fundamento de derecho cuarto se hace constar expresamente :“…. porque el agente de la Guardia Civil la vio haciendo gestiones en el Ayuntamiento de Torremolinos cuando acudieron a recoger los primeros listados el 22/10/10 y funcionarios del ente local manifestaron a la fuerza actuante que se le había permitido recuperar dicha documentación a fin de ser subsanada (algo no previsto en la normativa de procedimiento administrativo común que solo contempla la subsanación o mejora voluntaria de los términos de la solicitud, levantando acta sucinta, o el requerimiento para aportación de documentos preceptivos, ex art.68 de la nueva Ley 39/2015 y art.71 de la anterior Ley 30/92) y diligenciada con la firma de un veterinario, porque, en efecto, existe una clara manipulación entre los listados que fueron entregados a la Guardia Civil el 22/10/10 y la segunda entrega que de los mismos meses se les hizo el 02/11/10, lo cual está en línea con el hecho de que se permitiera a Carmen Marín recuperarlos del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torremolinos.....”.
Igualmente, la sentencia se hace eco de las declaraciones de una testigo recogiendo expresamente: “……tratándose en realidad de animales ficticios pues de lo único que se trataba con los listados en cuestión era de cuadrar el peso de animal muerto con las facturas de “Paraíso” emitidas en función de los kilogramos de cadáveres incinerados para que el Ayuntamiento de Torremolinos reintegrase a Parque Animal el importe de dichas facturas, que los listados nunca se le acumulaban y los elaboraba mensualmente, que a ella le llegaba la factura de “Paraíso” y sobre ésta y los datos que les daban los acusados elaboraba los listados cuadrando los kilos y se los entregaba a Carmen Marín con la factura, adjunta y grapada, para que los presentara ante el Ayuntamiento…”.
Según el equipo de Gobierno, es evidente que el PP no cumplió con sus obligaciones y los hechos recogidos en la sentencia ponen en evidencia “la falta de diligencia, contundencia y responsabilidad que ha tenido el equipo de gobierno de Fernández Montes en el asunto de Parque Animal, oponiéndose en todo momento a la creación de comisiones de investigación y depuración de responsabilidades, haciendo que con dinero público se pagaran facturas tras facturas sin los debidos controles e inspecciones a la presidenta de la asociación condenada por un delito continuado de maltrato animal y falsedad en documento oficial”.
