La imposibilidad de que el Gobierno de España intervenga en la fijación de un precio máximo de la energía eléctrica porque eso significaría violar la normativa europea al respecto, no es un impedimento para que el Ejecutivo desarrolle una serie de reformas en el sistema de fijación de la tarifa. Por ejemplo, establecer una tabla progresiva de los impuestos aplicables según el nivel de consumo.
Así lo pusieron de manifiesto anoche, en el programa A Debate de Ondaluz Sevilla TV, tanto el abogado y vicepresidente de Facua, Jordi Sevilla, como el director del Centro Tecnológico Avanzado de Energías renovables, Valeriano Ruiz, como la investigadora y experta en eficiencia energética, María José Colinet.
Todos coincidieron en la perversión de un sistema en el que incluso aquellas industrias y compañías que ofertan a cero euros sus energía perciban al final el precio que se paga, que, por cierto, en la jornada más elevada del mes de enero, el pasado día 25, lo marcó precisamente una hidráulica.
Los criterios fueron distintos a la hora de analizar las posibles fórmulas de “intervención” del Estado en la fijación de la tarifa, pero todos aposaron por la necesidad de que la mayoría parlamentaria trabaje por sacar adelante esa nueva Ley de Autoconsumo, que permita a los consumidores, incluso, crear redes comunitarias de abastecimiento y gestión de la electricidad. Sólo así podría quedar garantizado el acceso “universal” a la energía.
