El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, en su sesión ordinaria del mes de marzo ha aprobado este viernes por unanimidad la propuesta relativa al acuerdo adoptado por los escolares gaditanos en el I Pleno Municipal Infantil celebrado el 16 de febrero en el que se solicitaba la creación de más plazas en comedores sociales y en albergues, como objetivos de las políticas municipales para la integración de las personas necesitadas.
Con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y PP y la abstención del Equipo de Gobierno se ha aprobado la enmienda de sustitución presentada por el PSOE a la propuesta del Equipo de Gobierno en la que se instaba a la Junta de Andalucía a reformar la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía, para establecer una inversión mínima garantizada en materia educativa. De esta manera, la enmienda presentada por el PSOE y que es la que finalmente ha salido adelante, propone instar al Gobierno Central esta inversión mínima en materia educativa a la par que amplía los criterios de calidad de lo centros educativos, como ha explicado el socialista José Pacheco, a valores como la escolarización universal, gratuita y obligatoria. Pacheco ha señalado que se debe aprovechar “que el Congreso de los Diputados va a debatir sobre la posibilidad de tener un pacto por la Educación para que se garantice la inversión mínima del 5% de los presupuestos tal y como se hace en otros países de la Unión Europea”.
Se ha aprobado por unanimidad, la propuesta para la adhesión del Ayuntamiento de Cádiz al convenio de colaboración entre al Agencia Estatal Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias para la recaudación en vía ejecutiva de los Recursos de Derecho Público de las corporaciones locales. Con esa adhesión, el Ayuntamiento podrá recaudar los impuestos de las personas que no estén viviendo en Cádiz por vía ejecutiva.
El Pleno ha acordado, con los votos a favor del Equipo de Gobierno y de Ciudadanos y la abstención del PP y PSOE, sumarse a la Declaración de Córdoba sobre el derecho a la vivienda y a la ciudad que fue aprobada en el I Foro de Vivienda y Ciudad en el que participó la capital gaditana. En este texto se establecen una serie de premisas en materia de vivienda y se proponen medidas estructurales al respecto para fomentar el acceso asequible a la vivienda, primar la rehabilitación, posibilitar la reactivación sostenible del sector de la construcción y señalar iniciativas urgentes para favorecer principalmente el acceso a la vivienda de sectores vulnerables.
No ha estado exento de debate el punto presentado por todos los grupos municipales para la elaboración y ejecución por fases de un proyecto de reparación de las ventanas deterioradas del colegio público San Rafael aunque el debate se ha centrado de nuevo más en la elaboración de los presupuestos municipales y la modificación presupuestaria que en el propio punto. La concejala de Educación, Ana Fernández, ha señalado que esta propuesta “es una demanda que el centro lleva años demandando” y ha anunciado que “ya hay 11 proyectos para desarrollar en colegios que se pondrán en marcha una vez se aprueben los nuevos presupuestos”. El punto ha sido aprobado por unanimidad.
Con los votos a favor del PP, PSOE y Ciudadanos ha salido adelante la enmienda de sustitución presentada por el Partido Popular a la iniciativa presentada por el Equipo de Gobierno en la que se instaba al Gobierno Central a que aclarase las medidas de racionalización propuestas para la plantilla de Navantia. El alcalde, José María González, ha explicado que “lo que se pide es que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, “ponga por escrito el anuncio que hizo en el día de ayer sobre la renovación de la plantilla y la garantía de carga de trabajo”. González ha recordado que “cuando el Gobierno habla de racionalización, esto se traduce en recortes. Lo han hecho con los ayuntamientos y lo han utilizado para camuflar todo tipo de recortes en educación y sanidad en esta crisis, por lo que es normal que cuando hablen de racionalizar las plantillas, nos echemos a temblar”. La propuesta que ha salido adelante consiste en la declaración aprobada por todos los grupos en el Congreso de los Diputados.
Por unanimidad ha salido adelante también apoyar la petición del Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales, de promulgación de una Ley de Regularización de la profesión de Educación Social.
