El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, que debate un monográfico sobre el tema agrario, ha puesto el acento en los militantes de sus círculos rurales, que, en muchos casos, están "estigmatizados" por las redes "caciquiles" que operan en este ámbito y que les impiden acceder al empleo público.
En una primera intervención, con la que se abre este Consejo Ciudadano, al que han asistido 70 de sus 84 miembros, una de las responsables del área rural, Irene de Miguel, ha advertido del resurgir de la extrema derecha en el mundo rural, donde ha observado un proceso de "lepenización" (en referencia a la derecha francesa de Marine Le Pen).
De Miguel ha considerado que la responsabilidad de Podemos en este ámbito es "muy importante" y ha insistido en que la España rural de hoy está "acaparada por los poderes financieros y especulativos" que se hacen con los recursos del medio.
Por ello, De Miguel ha incidido en pedir en el marco del Consejo Ciudadano un reconocimiento para "los compañeros que militan en los círculos rurales" y que, según ha dicho, han sido, incluso, despedidos de sus trabajos por estas "redes clientelares".
De Miguel, que también es presidenta del grupo de Podemos en la Asamblea de Extremadura, ha asegurado que el mundo rural está, cada vez más, en manos del "agronegocio, que acapara la tierra y el agua".
Y para terminar con esta "amenaza" sobre el mundo rural, la responsable de Podemos ha defendido "los movimientos de resistencia", que ya han conseguido paralizar el pantano de Biscarrués (Huesca) y, de momento, la mina del Retortillo (Salamanca). Con estos movimientos, ha dicho, es con quienes hay que "tejer alianzas".
Para ilustrar la importancia del mundo rural, De Miguel ha recordado que, de los 8.117 municipios que hay en España, 5.831 tienen menos de 2.000 habitantes. Y en ese escenario, De Miguel ha subrayado la "masculinización" de los pueblos y el envejecimiento.
También ha reconocido que el mundo rural de hoy no es un espacio atractivo para las mujeres, por la falta de empleo y la carencia de de servicios públicos que propicien la conciliación.
