Save the children ha alertado del "parche" que supone que la Junta de Andalucía tenga alojados a 60 menores inmigrantes en un camping de la localidad de Tarifa.
Según ha informado la entidad en una nota, se ha enviado una carta a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, para denunciar la situación que está viviendo un grupo de unos 60 menores extranjeros no acompañados que comenzaron a llegar a las costas de Cádiz a mediados de agosto.
La organización ha señalado que los adolescentes se encuentran alojados en infraestructuras que no son las adecuadas y que no cumplen "con las obligaciones de la Junta en lo referente a acogida, protección e integración de los menores de edad bajo su tutela establecidas en la Ley 1/1998 de 20 de abril de los Derechos y Atención al Menor".
Así, han denunciado que la administración andaluza haya tenido que alojar a estos jóvenes en un camping como "parche" al repunte, durante los últimos meses, de la llegada de pateras a las costas andaluzas desde el norte de Marruecos.
"En lo que va de año, más de 2.000 menores de entre 14 y 17 años que viajan solos han logrado cruzar el Mediterráneo y llegar al litoral andaluz. Por todo ello, los centros de menores del entorno de Cádiz están colapsados", ha explicado.
Save the Children ha considerado que la acogida en el camping supone "una vulneración de los derechos de los menores" y ha señalado que "estos adolescentes tienen que recibir asistencia por parte de personal especializado". Además, "la administración debe de poner en marcha los pertinentes informes para tramitar sus permisos de residencia y de trabajo".
La carta enviada a la Junta traslada además "la urgencia" de proporcionar a estos chicos plazas adecuadas en los centros de protección.
En la misiva, Save the Children también ha mostrado su preocupación ante "las informaciones que señalan que algunos menores habrían decidido abandonar las instalaciones donde se alojan y que se encontrarían en una situación de extrema vulnerabilidad al hallarse solos en situación de calle y sin la protección de la administración pública". Por ello, la entidad ha demandado a la Junta la información pertinente para esclarecer la situación.
