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Juana Rivas devuelve a sus hijos a Arcuri y pedirá un nuevo régimen

A los que pudo recoger una vez que el Tribunal de Cagliari (Italia) resolviese que permaneciesen con ella hasta este miércoles aprovechando su visita

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  • Juana Rivas. -

Juana Rivas ha devuelto este miércoles a las 13,00 horas a sus hijos, de once y tres años, al padre de éstos, Francesco Arcuri, tras haber compartido la vecina de Maracena (Granada) un día con los menores a los que pudo recoger una vez que el Tribunal de Cagliari (Italia) resolviese que permaneciesen con ella hasta este miércoles aprovechando su visita a esta capital italiana para asistir a la vista preliminar sobre la custodia de los niños.

En este sentido, Juan Manuel Pérez, abogado de Juana Rivas, ha informado a Europa Press que la entrega se ha producido "correctamente" a las 13,00 horas y ha indicado que los menores estaban "destrozados porque no querían separarse de la madre".

Asimismo, el abogado ha indicado que se va a solicitar otro régimen de visita de cara a las Navidades y ha señalado que hasta el día 25 de noviembre están requeridas las dos partes para la diligencia instructora, con el fin de presentar documentos, testimonio y seguir solicitando pruebas, en definitiva, la recopilación de todos los datos.

Pérez también ha señalado a Europa Press que tanto él como la madre de los menores tomarán un avión a las 15,00 horas de este miércoles desde el país transalpino hasta España.

El conflicto vivido sobre la estancia de los menores con la madre mientras estuviera en Italia centró la mayor parte de la vista que se celebró el martes en el Tribunal de Cagliari, donde Juana Rivas y su expareja declararon "por separado" y fueron interrogados por este asunto.

En este sentido, fue una especie de comparecencia preparatoria que se prolongó durante casi tres horas, y con la que se activa este procedimiento por el que se irán practicando más pruebas y diligencias en los próximos días de cara a la vista principal.

El equipo jurídico de Juana Rivas terminó de formalizar en la mañana del martes ante la Policía italiana una denuncia contra Arcuri por un posible delito de desobediencia después de que el lunes no le entregara a los niños atendiendo a la resolución del tribunal, según ha precisado a Europa Press el abogado de la madre de Maracena, Juan Manuel Pérez.

Actualmente, Arcuri, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, cuenta con la guarda y custodia provisional de los menores y Juana Rivas tiene derecho a un sistema de comunicación por videollamada diaria. El padre reclama mantener la custodia y el pago de 500 euros mensuales por parte de la madre hasta que sean mayores de edad.

En paralelo, se interesará que la justicia española condene a Rivas al abono de los aproximadamente 21.000 euros que ha gastado Arcuri por el proceso, la estancia y la pérdida patrimonial derivada de tener que permanecer en España más tiempo de lo previsto en tanto que ella estuvo casi un mes ilocalizable sin entregarle a los niños.

SE ABORDARÁ EN NOVIEMBRE

No obstante, en las comparecencias de ambos el martes ante el tribunal no se han abordado estos temas, tampoco la supuesta sustracción de los menores por parte de la madre o los presuntos malos tratos que habría sufrido a manos de su expareja.

A partir de ahora, las partes articularán todo tipo de pruebas que quieren aportar a este proceso por la vía civil para dirimir sobre la custodia de los pequeños y el régimen de visitas.

Al margen de este proceso, Juana Rivas está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada por supuesta desobediencia judicial y sustracción de menores después de que saliera de Italia con los niños sin el permiso paterno y pasara un mes ilocalizable incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregárselos a Arcuri, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada ha acordado recientemente no reabrir las diligencias previas ni tomar las medidas cautelares que solicitó Juana a finales de agosto por unos presuntos malos tratos que se habrían producido entre los años 2013 y 2016 en Italia, donde ella tenía fijado su domicilio habitual. La magistrada toma esta decisión al entender que los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en Italia y que por tanto la jurisdicción competente es la italiana.

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