El gobierno local organizó ayer un encuentro en las Casas Consistoriales de cinco grupos empresariales y promotores culturales con representantes de todos los grupos políticos municipales a fin de que les informaran sobre sus proyectos para la rehabilitación y reutilización de la antigua comisaría de la Gavidia, que según estimaciones de los técnicos de Urbanismo tendría un coste superior a los 10 millones de euros.
Así, se han presentado para darle nuevo uso varios proyectos hoteleros, uno de equipamiento deportivo, otro de equipamiento cultural y también un proyecto polivalente centrado sobre todo en su utilización social y enfocada a los vecinos del Casco Antiguo.
Aunque el alcalde, Juan Espadas, anunció inicialmente la convocatoria de un concurso de ideas internacional con el apoyo del Colegio de Arquitectos, los informes de la Secretaría e Intervención Municipales habrían cuestionado esta iniciativa con objeciones jurídicas, por la naturaleza del bien patrimonial y la imposibilidad del Ayuntamiento de garantizar que se ejecutara el proyecto ganador del concurso, de carácter privado.
Actualmente la Gavidia se halla en un limbo jurídico porque, por una parte, el Ministerio del Interior, cuyo titular es el exalcalde Juan Ignacio Zoido, sigue sin levantar la anotación a su favor existente en el Registro de la Propiedad por no haberse cumplido plenamente el acuerdo de compraventa firmado en tiempos de Monteseirín como regidor de la ciudad. Mientras no se levante esa cláusula el Ayuntamiento no puede disponer libremente del inmueble y año tras año, hacia el mes de agosto, se prorroga la situación por los problemas urbanísticos de la parcela que en Nervión debía entregar la Corporación Municipal al Ministerio. Y, por otra parte, porque haría falta convocar un Pleno para reajustar, por así decirlo, la situación del inmueble en el PGOU.
En tiempos de Zoido como alcalde se decidió recalificar la antigua comisaría para darle un uso comercial, pero aquel acuerdo plenario nunca llegó a publicarse en un boletín oficial y no tiene plena eficacia jurídica, pero tampoco se ha revocado hasta la fecha.
Así pues, un Pleno debería adoptar otro acuerdo para eliminar ese uso comercial y retrotraer el edificio a su uso original en el Plan General (un equipamiento público) o a otro distinto, si bien hay que recordar que en este mandato se descartó convertirlo en un complejo comercial.
Se calcula que la tramitación urbanística de esa modificación, con apertura de un periodo de alegaciones y demás, duraría cerca de un año y sería la condición “sine qua non” para que el Ayuntamiento pudiera otorgar una concesión por un plazo de tiempo determinado a un empresario para que éste lo rehabilitara a su costa y lo adaptara para hotel, complejo deportivo u otro fin. Teóricamente cabría la posibilidad de que se iniciaran en paralelo los dos expedientes, el de modificación de la calificación urbanística y el de la concesión administrativa.
