La comisaria de Justicia, Vera Jourova, ha respondido a España que no ve "ninguna necesidad" de revisar el marco de la orden europea de detención y entrega (OEDE) para ampliar la lista de delitos que permiten tramitar las extradiciones de manera automática, tal y como le ha solicitado el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
"Viendo esto con responsabilidad y evaluando el funcionamiento, puedo decir que no vemos ninguna necesidad de cambiar ese funcionamiento, en lo que a la lista de delitos se refiere", ha declarado Jourova en una rueda de prensa en Bruselas, tras una reunión con los ministros de Justicia de la UE.
La comisaria ha reconocido que existen "algunos problemas de naturaleza procesal" que en el pasado han complicado la aplicación de la euroorden por algunos Estados miembros, pero ha descartado que los cambios necesarios para adaptar el marco encajen con las peticiones de reforma de España.
"La Comisión no comparte la opinión de que mejorar el sistema requiera una revisión de la decisión marco y ampliar el catálogo de delitos tampoco resuelve directamente los problemas que los Estados miembros tienen al aplicar el sistema", ha zanjado Jourova, al ser preguntada por la demanda española.
Bruselas, ha añadido la comisaria, trabaja para introducir "mejoras" en el sistema pero "no se plantea abrir" la decisión marco "para introducir los cambios que son pedidos por el Gobierno español".
Catalá y Jourova han tenido oportunidad de charlar en los márgenes del encuentro europeo y, en ese marco, el ministro español le ha trasladado la "preocupación" e "inquietud" del Gobierno por el hecho de que un mal uso de la libre circulación permita "huir de la Justicia" a quienes son requeridos en un Estado miembro.
El titular de Justicia español ha apuntado entonces la necesidad de abrir una "reflexión" sobre la necesidad de revisar las reglas de la euroorden, en especial para ampliar la lista de 32 delitos graves por los que se debe proceder a la entrega automática, sin comprobar si hay equivalencia de delitos entre los dos países implicados.
Pese a la "inquietud" expresada por Catalá, el ministro ha optado por no exponer la cuestión directamente ante el resto de ministros de la UE, porque "no estaba en la agenda", según él mismo ha explicado en declaraciones a la prensa.
Aunque el ministro ha pedido "no basarse en anécdotas", en alusión al caso del expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que huyeron con él a Bruselas, la necesidad de revisar la euroorden surge al tiempo en que la Justicia española solicitó a Bélgica la entrega de los cinco políticos catalanes.
Ninguno de los cinco delitos que les fueron imputados por la Audiencia Nacional --rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia-- figuran en esta lista de 32 delitos, lo que llevó a la juez Carmen Lamela añadir el de corrupción, que sí lo está, a la hora de tramitar las euroódenes.
La Fiscalía de Bruselas, sin embargo, concluyó tras examinar el expediente que no correspondía entregar a los requeridos por corrupción, aunque sí por cuatro de los cinco delitos imputados (todos menos prevaricación).
Si los tribunales belgas hubieran confirmado esta posición --la decisión finalmente no se ha conocido al retirar antes España la petición de entrega-- Puigdemont y sus exconsellers solo hubieran sido entregados si quedara demostrada la doble tipificación de los delitos, esto es que figuraran también ele ordenamiento jurídico belga.
