La Sección Segunda de la Audiencia de Granada "se retrasará unos días" en hacer pública la sentencia del llamado 'caso Alhambra', que afecta a medio centenar de acusados en la causa y que se preveía conocer este lunes, sin que hasta el momento haya trascendido una fecha concreta para que esto suceda.
Aunque estaba previsto que la sentencia trascendiera este lunes, el ponente en el caso, el magistrado José Requena, ha comunicado que "no se hará pública hoy", según han informado desde el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Varios de los abogados que representan a los acusados en esta causa, que ha investigado un supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos al monumento desde 2002 a 2005, han confirmado a Europa Press que hasta el momento no se les ha comunicado por fuentes oficiales ninguna fecha concreta en la que se fuera a notificar la sentencia.
Tampoco la de este lunes, que dicen haber "sabido por la prensa" y desconocen "la razón real para tanta demora", tras una instrucción que se prolongó durante nueve años y más de un año después de que el juicio quedara visto para sentencia.
Los letrados reconocen que existe "una gran expectación" por conocer la decisión de la Audiencia y que hay "malestar" entre los 48 acusados que quedaron al finalizar el juicio ante lo que consideran un "funcionamiento anómalo de la justicia" por el largo periodo de tiempo transcurrido entre la vista oral y la resolución judicial.
Entre los acusados se encuentran trabajadores del Patronato, guías turísticos y responsables de agencias de viajes, los cuales se enfrentan a penas de entre cuatro y nueve años de cárcel por delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil, daños al patrimonio histórico-artístico y cohecho.
No obstante, cuatro de ellos ya ratificaron al inicio del juicio un acuerdo de conformidad que rebaja su pena a entre tres y nueve meses de cárcel.
En la última sesión del juicio el fiscal del caso Alhambra, Luis Salcedo, consideró acreditados los accesos irregulares al monumento; bien con turistas sin entrada, con entrada recortada o accediendo más personas de las fijadas en los tiques.
También la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular en la causa y aludió a "una alteración" de los flujos de visitantes y el acceso de turistas sin entradas a través de distintas fórmulas y con "total permisividad" de los que ejercían de porteros. Todo ello, en un sistema donde los guías fueron "colaboradores necesarios".
