La Audiencia de Málaga ha condenado a siete hombres que formaban un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas, a los que se les intervino tres toneladas de hachís en una operación policial que se saldó con varios agentes de la Guardia Civil lesionados a consecuencia de una colisión tras una persecución.
Según se declara probado en la sentencia, cada uno de los condenados tenía un papel "concreto" en la organización, que estaba "perfectamente estructurada". Dos de ellos eran los cabecillas, que se encargaban de la coordinación de los distintos miembros del grupo, dando las ordenes correspondientes para el transporte de la droga.
Así, estos se encargaban del alquiler de viviendas utilizadas como "guardería de droga" o como residencia del resto de miembros, arrendamientos que, señala la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, realizaban en localidades malagueñas como Alhaurín de la Torre, Mijas o Marbella y que se hacía bajo identidades falsas.
Otros condenados estaban en un escalón inferior y se encargaban de alquilar vehículos y otras tareas logísticas. Los acusados llevaron a cabo en octubre de 2015 una operación de tráfico de drogas, tras la que los investigadores se incautaron de más de tres toneladas de hachís, dos ocultas en vehículos y la otra tonelada en una vivienda.
En el transcurso de dicha operación, los vehículos que participaban recibieron el alto por parte de una patrulla de la Guardia Civil, aunque se dieron a la fuga, comenzando una persecución que terminó en Antequera (Málaga) tras una colisión, en la que tres agentes resultaron heridos con politraumatismos.
En los registros practicados se encontraron distintos efectos tales como teléfonos móviles y documentación, entre ellas, tarjetas de identidad falsas; además de la droga, valorada en unos 5,2 millones de euros.
A los acusados se les condena por un delito contra la salud pública, por el que se imponen penan que oscilan entre los tres años y el año y medio de cárcel; y otro de pertenencia a grupo criminal, por el que se le impone seis meses de prisión. En un caso se condena a un procesado por falsificación.
