El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha archivado las diligencias abiertas tras las perforaciones en las fachadas de varios edificios del Paseo de Almería, entre ellos el de la sede del Gobierno andaluz, para colocar el entoldado de feria en 2017, ya que, "si bien los hechos denunciados pudieran revestir caracteres de delito, dada la escasa entidad y reposición al estado anterior, no aparece debidamente justificada la perpetración del mismo".
Así lo recoge el auto, consultado por Europa Press, en el que archiva directamente las diligencias tras la denuncia expresada por la Fiscalía a partir de los hechos comunicados por la Junta y la asociación Amigos de La Alcazaba en relación a la instalación de tensores en la fachada de la sede de la Junta y otros edificios del Paseo, lo que conllevó la apertura de expedientes sancionadores contra el Ayuntamiento de la capital.
La resolución, contra la que cabe recurso, fue rubricada por el titular del juzgado el día después de que la Junta confirmara la interposición de la denuncia de la Fiscalía, para la que además se remitió desde la Delegación Territorial de Cultura un expediente con un informe técnico sobre la actuación.
Cabe recordar que la Junta decidió suspender provisionalmente hasta obtener resolución judicial los expedientes sancionadores abiertos al Ayuntamiento de Almería por la instalación de los tensores para sujetar los toldos, para los que además, según el Gobierno andaluz, no se dio autorización en el caso de su inmueble, de carácter protegido.
Desde el Ayuntamiento de Almería se ha mantenido hasta el momento que la actuación denunciada fue desarrollada por "parte de la empresa adjudicataria" y no del Consistorio, desde donde tras conocerse lo ocurrido se "paralizó" la instalación y se procedió a "restituir la realidad física alterada". Asimismo, el Ayuntamiento aprobó en diciembre una penalización de 4.385,25 euros a la empresa adjudicataria del contrato de suministro y colocación del entoldado por su "incumplimiento defectuoso".
Los técnicos de la empresa "tenían que facilitar un listado de aquellos edificios en los que se fuese intervenir para colocar esos vientos" pero "ese listado nunca se nos facilitó". "El Ayuntamiento no tenía constancia de que ese --el de la Delegación de Gobierno-- fuese uno de los edificios que podían ser soporte de contraviento", manifestaron desde el Ayuntamiento.
No obstante, para el Consistorio no se apreciaba "la existencia de conducta reprobable a efectos de incoar un procedimiento sancionador, una vez restituida 'ipso facto' la realidad física alterada" que "impide averiguar a simple vista en qué lugar se practicó la sujeción", según el informe del jefe de Servicio Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
