Los senadores por el PSOE onubense, Amaro Huelva, Manuel Guerra y Ana Pérez, han solicitado en la Cámara Alta el amparo de la Presidencia en relación con la petición de informe del Instituto Geológico y Minero (IGME), que alerta sobre el peligro del proyecto de gas en Doñana.
En declaraciones a Europa Press, el coordinador del Grupo Parlamentario Socialista por la provincia, Amaro Huelva, ha señalado que esta solicitud de amparo se produce, tras no recibir contestación a este requerimiento realizado el pasado 17 de enero.
"El Gobierno debería de haber contestado en tres meses. Por tanto, debería haberlo hecho como fecha límite a mediados del mes de abril. Se ha superado el plazo de contestación, no tenemos respuesta y, por ello, hemos pedido en el Senado el amparo de la Presidencia respecto a esta cuestión", ha proseguido.
Asimismo, Amaro Huelva ha recordado que también solicitaron en ese mismo mes la comparecencia urgente del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, en el Senado para que diese las explicaciones correspondientes tras conocerse el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME) que "alerta del riesgo de inundación en uno de los almacenes del proyecto de gas natural en el parque natural de Doñana, y tampoco ha comparecido".
Para el senador socialista, "es absolutamente reprobable que este Gobierno no conteste ni dé explicaciones sobre la situación real que emana de ese informe del IGME, que además es una institución del propio Estado, cuando estamos hablando de una cuestión de un enorme calado para nuestra provincia".
Por eso, ha advertido de que "no vamos a cejar en nuestro empeño porque es un tema muy importante. Si se deja ya claro que corre un riesgo el espacio medioambiental, volveremos a pedir la paralización inmediata y esperemos que el PP se sume a esta defensa de los intereses del entorno de Doñana", ha continuado.
Según este informe, se alerta de que existe cierto peligro de inundación que no ha sido suficientemente valorado en el proyecto de gas de Doñana.
Para el socialista, "no hay otro camino más que la paralización y volver a exigir la declaración global del proyecto de almacén de gas, frente a esa evaluación por partes del Gobierno central, que cuenta no solo con el rechazo de la Junta de Andalucía, concretamente de la Consejería de Medio Ambiente, sino también de una amplia mayoría de la sociedad onubense y de los informes del Defensor del Pueblo, tanto a nivel estatal como regional, que manifiestan la necesidad de una evaluación conjunta".
Por tanto, ha indicado Amaro Huelva, "esperemos que este Gobierno atienda de una vez por todas nuestra petición por el bien de esta provincia".
