El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, ha presentado este miércoles la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, una iniciativa pionera en el país que pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas desfavorecidas; en concreto, en la provincia se han incorporado un total de 18 de 13 municipios, lo que beneficiará a alrededor de 150.000 personas (son unas 914.000 en Andalucía). El plan destinará más de 169,5 millones de euros hasta 2022 en toda la comunidad para un total de 99 zonas desfavorecidas de 65 municipios.
Belizón, que ha estado acompañado por el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Manuel Herrera, ha explicado que la estrategia, de carácter transversal y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, abarca las distintas políticas sectoriales que las administraciones autonómica y local desarrollan en estos territorios, entre las que destacan las relativas a la inserción socio-laboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión social. En su elaboración han participado las consejerías con competencias en educación, salud, empleo, vivienda y justicia, así como el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Además, se han tenido en cuenta más de 400 entrevistas realizadas a los agentes sociales de cada zona.
Cádiz es la provincia de Andalucía que más zonas incluidas en esta estrategia y han sido seleccionadas teniendo en cuenta indicadores como la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios y la existencia de problemas de seguridad y convivencia, entre otros. Se trata, en su mayor parte, de entornos urbanos con elevada concentración de población en situación vulnerable y afectados por la existencia de barreras físicas. Su abordaje requerirá, por tanto, transformaciones estructurales relacionadas principalmente con las políticas activas de: empleo, educación, salud, vivienda y servicios sociales, además de intervenciones que permitan a la población más vulnerable cubrir sus necesidades básicas a corto plazo.
En concreto, en la provincia son: la Zona Sur de Algeciras; Arcos Sur y Jédula en Arcos; Montaraz en Barbate; barriadas de Loreto-Cerro del Moro y La Paz-Guillén Moreno en Cádiz; Chiclana Sur (Plaza Mayor-Fuente Amarga) en Chiclana; Distrito Oeste (Picadueñas), Distrito Oeste y Distrito Sur en Jerez; El Junquillo y La Atunara en La Línea; La Paz-Blas Infante y Constitución en Medina; Barrio Alto-Sudamérica en El Puerto; Guadalete en Puerto Serrano; Bazán en San Fernando y Barrio Alto y Barrio Bajo en Sanlúcar.
Primera línea de subvenciones
En la comunidad, la estrategia arranca con algo más de 37,2 millones de euros a través de dos convocatorias de ayudas que se abrirán este año. La primera, de casi 28 millones de euros, se dirige a las entidades locales para reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios en las zonas de intervención. La segunda, para entidades privadas sin ánimo de lucro, contará con más de 9,3 millones de euros.
Herrera ha explicado que la primera línea de subvenciones dirigida a las entidades locales tiene, a su vez, dos líneas: la primera, convocada en régimen de concurrencia no competitiva por la Consejería el pasado 11 de mayo, será para la contratación de personas que se encarguen del diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía.
Para ello, la Junta invertirá 826.729,80 euros, de los que 165.345,96 euros serán para la provincia de Cádiz, en concreto para contratar 24 técnicos (de 122 en toda la comunidad) en los 13 municipios con zonas desfavorecidas seleccionadas. De esta contratación de dos a tres meses, en función de las necesidades de cada localidad, saldrán los planes locales personalizados para cada zona desfavorecida, que se empezarán a aplicar a finales de este año.
Estos Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas, que elaborarán los ayuntamientos y, en el caso de municipios de menos de 20.000 habitantes, las diputaciones provinciales, serán aprobados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales con una duración mínima de cuatro años e incluirán un diagnóstico de la zona, las medidas par alcanzar los objetivos propuestos, los recursos necesarios y el perfil de las personas y grupos a los que van dirigidos.
Intervención
La intervención se desarrollará bajo los criterios de participación de la ciudadanía, la integración de la perspectiva de género y el fomento de la solidaridad, la equidad, la interculturalidad y la diversidad, con un enfoque centrado en las personas y las familias. Partiendo de estos principios, se establecen cuatro grandes ejes: desarrollo económico y sostenible; políticas públicas para el bienestar y la cohesión social; mejora del hábitat y la convivencia, y trabajo en red para la intervención social comunitaria. En torno a estos ejes se han planteado 52 objetivos operativos y 119 medidas.
Entre las medidas concretas que se desarrollarán destacan las dirigidas evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad, con especial atención a las mujeres; favorecer el comercio local; impulsar la economía social y solidaria; incrementar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales, y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias.
