La concejala de Presidencia, Ana Fernández, ha denunciado públicamente el expediente sancionador abierto por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz dirigida por el Partido Socialista al Ayuntamiento de Cádiz tras haber permitido que se alojaran personas migrantes en el Club Náutico Elcano.
Ana Fernández ha señalado “que es absolutamente increíble que nos sancionen al Ayuntamiento por ofrecer una solución temporal a la situación de desborde que vivían las organizaciones no gubernamentales ante el elevado número de personas que llegaron a nuestra costas y ante la incapacidad del Gobierno Central a ofrecer una alternativa”. Fernández ha calificado esta acción de “racismo institucional” a la par que se pregunta “si éste es el resultado de las nuevas políticas migratorias del gobierno de Pedro Sánchez o si es una iniciativa del PSOE local de Fran González”.
En concreto, el expediente recibido en el Ayuntamiento por parte de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, acusa al Consistorio gaditano de “la cesión de las instalaciones del Club Náutico Elcano para actividades no autorizadas en el pliego concesional, en concreto a Cruz Roja, para el alojamiento temporal de personas”.
Ana Fernández afirma tajantemente que en “ningún momento cedimos el uso a Cruz Roja, lo pusimos a su disposición para contribuir, como institución pública que somos al servicio de la ciudadanía, en el dispositivo organizado para atender a las personas migrantes que se encontraban literalmente en la calle”. Es más, “durante todo el dispositivo estuvieron presentes tanto funcionarios del Ayuntamiento para velar por el buen funcionamiento del centro como de los concejales de este Equipo de Gobierno”.
Fernández se ha preguntado “si éste es el nuevo PSOE que nos venden Pedro Sánchez y Fran González de hacer las cosas, el que habla de responsabilidad y sensibilidad social mientras multa al Ayuntamiento de Cádiz por ponerse a disposición de las organizaciones sociales”.
El concejal de Deporte, Adrián Martínez de Pinillos, ha señalado que con este tipo de actuaciones, “la Autoridad Portuaria nos vuelve a mostrar que no tiene ningún tipo de empatía hacia aquellas personas que peor lo están pasando y que lo único que persigue es hacer caja aunque sea a costa de una situación tan vulnerable como la de los migrantes que vienen hasta nuestras costas en busca de un futuro mejor”.
Adrián Martínez de Pinillos ha añadido “que es el mismo Pedro Sánchez y el mismo PSOE el que se aligeró en sacar pecho al permitir la llegada del ‘Aquarius’ a España que el que apuñala a ese sentimiento humanitario del Estado y abandona su sensibilidad y conciencia social para mirar por si mismo”.
Por su parte, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha afirmado que advirtió en enero de 2017 al Ayuntamiento de que no podía utilizar la Escuela de Vela del Club Náutico Puerto Elcano como centro de acogida provisional, de lo que el puerto había tenido conocimiento por los medios de comunicación.
Según ha señalado la APBC, dicha utilización no está contemplada en el título concesional que el Ayuntamiento tiene sobre Elcano, además de quedar expresamente excluido este uso en la Ley de Puertos, teniendo, en todo caso, que ser autorizado por el Consejo de Ministros.
Además, ha indicado que pese a este advertencia, la Autoridad Portuaria "no recibe contestación alguna por parte del Ayuntamiento de Cádiz, que ni solicita la modificación de la concesión sugerida, ni su tramitación ante el consejo de Ministros".
Por ello, tras tener conocimiento por los medios de comunicación el pasado mes de junio la Autoridad Portuaria del uso indebido de la concesión, "se ve obligada a abrir un expediente sancionador, que lleva aparejado una sanción económica".
La APBC ha asegurado que el objetivo del expediente no es en ningún caso recaudatorio ni conlleva la intervención en la tarea desempeñada por el cocnesionario. Asimismo, ha recordado que tiene la obligación legal de velar por el cumplimiento de la ley de Puertos y que "en caso de no hacerlo, incurriría también en una ilegalidad".
Finalmente, ha recordado que el expediente abre un plazo de alegaciones que puede concluir con una rebaja o desaparición de la sanción económica. Además, ha señalado que en caso de que finalmente haya sanción económica, la APBC va a invertir esa cantidad en gastos sociales o similares.
