La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado una denuncia tanto al Defensor del Menor de Andalucía como a la Fiscalía de Protección de Menores de Cádiz ante las “condiciones indignas” en las que viven los Menores Extranjeros no Acompañados acogidos desde hace algunas semanas en el antiguo hotel Ávila.
La organización también ha puesto estos hechos en conocimiento de la Junta de Andalucía, “responsable en última instancia de la situación y tutela de estos niños”. Pro Derechos Humanos recuerda que la Administración autonómica, “ante la saturación de centros propios y externalizados”, alquiló el antiguo establecimiento hotelero para la acogida de 70 menores, “cediendo” su atención y cuidado a la empresa Anide.
La APDHA asegura haber tenido conocimiento, “de forma directa y a través de menores huidos del propio centro”, de las condiciones “absolutamente intolerables que están padeciendo estos niños, tanto por inadecuación del propio lugar como por el régimen y gestión de la empresa que los cuida”. Entre otras cosas, se denuncia “insuficiencia en la alimentación, falta de mudas y ropa interior, artículos de higiene, atención sanitaria y no derivación al médico”.
De igual modo, se asegura que el edificio está cerrado “a cal y canto”, lo que supone un “enorme peligro para la seguridad de los niños”, ya que el ambiente está “cargado” y falto de ventilación, lo que según la APDHA “puede favorecer la propagación de enfermedades”.
La organización considera que esta situación “no es más que la punta del iceberg de la improvisación y la mala gestión de los recursos de atención de la Junta”. Por otra parte, la asociación explica que “han empezado a surgir voces sobre la inadecuada localización” del antiguo hotel para la acogida de menores, ya que “algunos vecinos han empezado a quejarse”.
Se teme “que puedan empezar a aparecer voces xenófobas y racistas intolerables”, por lo que no se deja de lado que “la administración debe ser especialmente cuidadosa en la adecuación de los locales para prevenir posibles problemas y asegurar la convivencia con la población cercana”.
La organización entiende finalmente que estas “inadecuadas” condiciones son “contrarias a los derechos reconocidos en los Convenios Internacionales sobre los Derechos del Niño suscritas por España”.
En algunos casos incluso se podría entender que estas circunstancias pueden dar lugar a algún tipo de responsabilidad por parte de sus autores y de las personas e instituciones que tienen encargada su guardia, custodia y tutela.
La Junta, mientras tanto, ha asegurado que las condiciones de los menores son “adecuadas”, recordando la situación de emergencia que se vive ante la masiva llegada de migrantes a las costas andaluzas en estos últimos meses. El delegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, Juan Luis Belizón, subrayó además que la situación es demasiado “compleja” como para “ser frívolo”. “Pediría responsabilidad, un poco de cerebro, sentimiento e inteligencia emocional, porque estamos ante una situacion excepcional que ha desbordado nuestras capacidades”, zanjó.
