La Fiscalía de Málaga ha acusado finalmente a cuatro personas por delito de estafa procesal en relación con la compraventa de un hotel-restaurante, ubicado en la autovía que une la capital con la localidad malagueña de Antequera. El juicio se ha quedado visto para sentencia esta pasada semana en la Audiencia de Málaga.
El ministerio público pedía inicialmente la absolución de los acusados, que son los compradores del establecimiento, según han informado fuentes judiciales, quienes han apuntado a Europa Press que en el trámite final del juicio el fiscal modificó sus escrito inicial para acusar a los cuatro procesados por dicho tipo delictivo.
Las acusaciones particulares, en representación de los dos dueños del establecimiento, además de por estafa procesal, también acusa a los cuatro procesados por un delito de falsificación, por el que el ministerio público no ha formulado acusación al entender que queda subsumido en el anterior.
Estas acusaciones sostienen que la venta se realizó por 2,7 millones de euros, habiéndose cobrado 2,25 millones de euros y quedando "impagados" cuatro pagarés de 45.000 euros cada uno, por lo que los dos propietarios presentaron una reclamación judicial, en la que los ahora acusados y compradores se opusieron.
Así, según estas acusaciones, los compradores se opusieron con base en un contrato de compraventa que presentaron en los dos juzgados donde se tramitaron las reclamaciones, que incluye una cláusula por la que "se reduce el precio de la compraventa de 2,7 a 2,25 millones de euros".
Pero, sostienen las acusaciones, el reverso del primer folio del contrato "no coincide" con el documento que tienen en su poder los vendedores, que es idéntico en todo menos en dicha cláusula, por lo que consideran que los acusados "han manipulado los documentos que contienen los contratos de compraventa".
Los juzgados estimaron los argumentos de los compradores, dictándose sentencias en los juzgados de Primera Instancia a favor de los mismos; por lo que las acusaciones consideran que los procesados "han cometido estafa procesal pues con sus artimañas han inducido a error a los jueces".
Así, las acusaciones particulares, además de la pena de prisión, solicitan también que los acusados, que son dos matrimonios, indemnicen a sus clientes con 180.000 euros por los pagarés no abonados, más los intereses moratorios que establece la ley para operaciones comerciales.
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