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Sevilla

Cabrera dice que los VTC son "servicio público" y "tienen que entrar"

El delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla advierte que Élite Taxi es una asociación minoritaria y llama al diálogo

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El delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha reconocido públicamente que “las VTC, a raíz de la modificación de la ley de transporte terrestre, es un servicio público, no es una empresa auxiliar de transportes como era, y los servicios públicos, porque así lo marcan la ley y nuestras ordenanzas, en zonas restringidas del Casco Antiguo tiene que permitirse el acceso cuando tengan un punto de destino final dentro de ese Casco Antiguo”.

Cabrera ha aclarado que se refiere a “vehículos concertados, que llevan ya pasajeros y que, por tanto, tienen que entrar”. Para él, éste es un “elemento clave” en este conflicto.

Cabrera recuerda que “lo que sí ha hecho el gobierno es la limitación en el acceso por dos vías, porque es materia de tráfico no materia de transporte, con la carga que pueda soportar una vía o con la seguridad donde hay limitaciones (todos estamos acostumbrados a ver “excepto residentes”, “excepto acreditados”, “excepto taxi” o “excepto servicio público” -apunta-); en esas dos vías, la limitación es para taxis porque incrementarla con una carga de 300 ó 400 VTC, ahí sí podemos establecer esa limitación, siempre que no tenga como punto y final esa calle”.

Protestas menores

Respecto a las protestas de los útlimos dias, Cabrera también ha querido poner sobre la mesa que "estamos hablando de 200 taxistas y no dos mil, creo que también la actitud de un colectivo muy minoritario que representa una asociación muy identificada como Élite, que además tiene implantación nacional, que siembre o al menos extienda una sombra en la que responde a ese cabrero de los ciudadanos con el resto de taxistas que, en coherencia, no mantienen un calendario tan intenso de perjuicio a la vida diaria de los ciudadanos, y que incluso acompaña de altercados como los ocurridos ayer y por tanto hay que desligar muy claramente de cualquier reivindicacón que se hace por todo el colectivo de la intencionalidad que se viene dando y la contundencia de un sector minoritario como es Élite".

 

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En ese sentido, el delegado de Seguridad y Movilidad se ha mostrado convencido de que esas protestas no responde a la práctica del sector del taxi en su totalidad porrque "las asociaciones mayoritarias y las que están representadas dentro del Consejo del Gobierno del Instituto del Taxi están en otra posición, que es la del diálogo y la de trabajr para que el apoyo que nosotros le venimos manifestando al sector público del taxi sea una realida y, efectivamente, también hagamos valer su rentabilidad que tienen que tener una licencia porque son familias las que comen del taxi y, por tanto, nosotros tenemos que intentar apoyar, cuando así podamos, ajustar un marco de actuación donde las VTC actúen -como vienen haciendo siempre, dice- dentro de la concertación previa y el taxi pueda actuar dentro tanto de forma concertada como imprevista".

Al hilo de todo esto, el delegado de Seguridad y Movilidad recomienda al sector seguir actuando mediante el "diálogo" en el seno del Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi que "es donde nos tenemos que encontrar", ha sugerido Cabrera.

Regulación

Por su parte, la asociación Foro Taxi Libre, que ha apoyado las protestas de Élite Taxi, advierte que el Consistorio podría estar incurriendo en “dejación de funciones” porque “competencias para ordenar” los VTC, al tratarse de “un transporte público discrecional de viajeros” cuya regulación municipal atribuye la Ley 2/2003 de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.

De otro lado, el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Javier Millán, dice que “el alcalde no puede seguir siendo un comentarista de la actualidad que nunca hace nada” y tiene que tomar medidas urgentes, hacer que se cumpla la normativa, garantizar que haya libre competencia, y los turistas y sevillanos puedan ejercer su derecho a recibir un servicio público de calidad”.

Según Cabrera, “tocará a los ayuntamientos cuando tengan las competencias dadas en el proyecto de ley que se está tramitando y que permitirá regulaciones adicionales a las existentes”.

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