La Fiscalía ha mantenido este lunes en sus conclusiones definitivas su petición de ocho años de inhabilitación para el exalcalde de Castril José Juan López Ródenas (PSOE) como acusado de prevaricar por incluir indebidamente a una familiar en los beneficiarios de un programa para infraviviendas.
El Juzgado de lo Penal 4 de Granada ha acogido la vista oral en la que el exregidor, según ha informado a través de un de comunicado previo, ha rechazado de plano el relato de los hechos efectuados por la Fiscalía y el resto de acusaciones, el Ayuntamiento y Miguel Ortiz, en un juicio que ha quedado visto para sentencia.
López Ródenas ha señalado los hechos que se exponen en los respectivos escritos de acusación no se ajustan a la realidad, omiten una serie de extremos relevantes y tergiversan otros, y que no intervino directa ni indirectamente en la solicitud presentada para la solicitud de ayuda a la infravivienda.
Si existía algún tipo de irregularidad en la solicitud, esta no fue detectada por los correspondientes técnicos municipales, que con total independencia y al margen del acusado tenían que constatar que la solicitante cumplía con todos los requisitos, ha indicado.
El exregidor ha indicado que tiene decenas de primos, cincuenta en total, de los que no conoce tampoco todos los aspectos y detalles de su vida privada y situación personal.
La petición definitiva del Ministerio Público coincide con las acusaciones, que también solicitan para el exregidor ocho años de inhabilitación, según han informado a Efe fuentes del caso.
En su escrito, el Ministerio Público relataba que los hechos se remontan al mes de mayo de 2008 cuando una prima hermana del acusado, entonces alcalde de Castril, solicitó ser beneficiaria de un plan de ayudas de la Junta destinado a rehabilitar infraviviendas.
Esta línea de ayudas se enmarcó en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 de la Junta y concedió a la prima del exalcalde una subvención de 36.119 euros para beneficiar a un tío suyo, señala el escrito fiscal al que tuvo acceso Efe.
López Ródenas firmó con la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes un acuerdo para redactar los proyectos de mejora de una veintena de viviendas, que dejó vacantes, por lo que se abrió una segunda ronda en la que entró la familiar del procesado.
La Fiscalía ha indicado que el exalcalde concedió la subvención pese a que no concurría "ninguno de los requisitos legalmente exigidos" para recibir el dinero público, dato que conocía el exalcalde socialista.
El pleno municipal aprobó en junio de 2008 la lista propuesta por el alcalde con las viviendas beneficiarias de esta ayuda pública y en la que figuraba una "propiedad de sus tíos", que emplearon el dinero recibido en rehabilitar la casa.
La Fiscalía ha considerado los hechos constitutivos de un delito de prevaricación y ha pedido una condena para el exalcalde de ocho años de inhabilitación para cargo público.
