Con 75 años Antonio se ha enfrentado por primera vez a un desahucio. En enero recibió la notificación, en diez días debía de abandonar la vivienda. “La abogada de oficio no hizo nada”, ha recalcado, por lo que el plazo para presentar alegaciones concluyó. Los recursos presentados por un segundo letrado, que le ofreció llevar su caso gratuitamente, no tuvieron efectos y la justicia siguió su curso hasta el día de hoy.
“Yo sé que si no pagas, vas a la calle, eso está claro”Un lanzamiento parado gracias a la presión de colectivos como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, junto con algunos vecinos y vecinas de Málaga. Ahora Antonio tiene menos de un mes, hasta el 26 de febrero para encontrar una solución.
Tras “todo una vida trabajando, desde que tengo uso de razón”, la jubilación le ha dejado la pensión mínima, algo más de 600 euros, que se queda en “340 euros, debido a una compensación económica” a la que fuera su mujer. Con esos 340, Antonio tiene que hacer frente a un alquiler de 308 euros, a lo que sumados los gastos, se queda en números rojos. “He pagado siempre que he podido”, ha dicho, alegando que lleva once años residiendo en la que por un mes, al menos sigue, siendo su casa.
“En mi vida había estado en esta situación, he tenido situaciones malas, me he quedado sin trabajo pero me he buscado porque era joven y podía trabajar”, ha mencionado Antonio, añadiendo que “ahora es depender de una pensión, ojalá tuviera 20 años menos”.
El propietario del inmueble lo vendió a la socimi (Sociedad Cotizada Anónima de Inversión en el Mercado Inmobiliario) Gavari Properties, que según ha asegurado el sindicato mencionado se dedica a la “especulación inmobiliaria acumulando más de 500 casas en Madrid y Málaga”.
Fuentes cercanas al afectado han indicado que “esta empresa lo que está haciendo es pasar de 300 a 600 euros el alquiler a los que se les acaba el contrato”, criticando que “ya tenemos otros lanzamientos avisados”. La socimi ha adquirido “tres bloques” de la barriada de Cruz de Humilladero.
El antiguo propietario inició la solicitud de desalojo por impago de alquiler, “era eso o comer”, ha lamentado, una deuda que asciende a “unos 5.000 euros”, un proceso que se ha mantenido a pesar del cambio de propietario. Las fuentes mencionadas han cuestionado que, “en todo caso, podría requerirse la deuda, no la propiedad”.
Antonio ha señalado que “yo sé que si no pagas, vas a la calle, eso está claro”, a lo que ha continuado apuntado que “no pago porque no puedo pagar, pero entiendo que si esto fuera de una persona que lo tiene como inversión es lógico que si no pagas te echan”.
Tiene solicitada la ayuda al alquiler del Instituto Municipal de la Vivienda, que espera que le concedan.
“Me veía en la calle”, ha expresado, explicando que a esta situación se suma que padece un cáncer. El tumor maligno se ubica entre los dos pulmones, “ya me he hecho un TAC, llevo dos años liado, y me están haciendo un seguimiento para intervenir o hacer lo que sea”. Dentro de diez días tiene cita con la oncóloga.
Antonio tiene de plazo hasta el 26 de marzo a las once de la mañana, cuando la comisión judicial volverá a llamar a su puerta.
