Así lo explicó a Efe su abogada, quien decidió recurrir a la vía administrativa después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Granada acordara el archivo de las diligencias previas abiertas a raíz de este caso al considerar que no había indicios de la comisión de delitos tipificados en el Código Penal.
El turista, vecino de la localidad madrileña de Griñón, fue enviado a prisión el pasado Jueves Santo por orden del Juzgado de Instrucción 3 de Granada porque sus datos personales coincidían con los de una orden de búsqueda que le presentó la Policía Nacional, que lo detuvo en el hotel donde se hospedaba.
Sin embargo, el turista sólo compartía el primer apellido con el titular del requerimiento original –I.T.M.– emitido por la Audiencia Nacional.
Al tratarse de un día festivo, el juzgado de Granada que hizo efectiva la orden no pudo comprobar con la Audiencia Nacional los datos de la misma, verificación que no se realizó hasta el lunes siguiente.
La reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración, cuantificada en unos 50.000 euros, se presenta ante el Ministerio del Interior al entender que los hechos derivaron de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
