El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Disciplina Ambiental, ha decretado la clausura de la terraza Puerto de Cuba, situada en la Calle Betis a orillas del Río Guadalquivir, en el barrio de Los Remedios. Asimismo, ha iniciado un procedimiento sancionador económico por importe de 4.001 € a la sociedad que la gestiona, Puerto de Cuba en Liébana SL, informa Al Andalus siglo XXI, empresa cesionaria del complejo Río Grande.
La decisión del Consistorio hispalense se basa en las "graves irregularidades" que estaban cometiendo los responsables de dicho establecimiento, destacando entre todas ellas que opera sin licencia de apertura ni licencia de actividad.
El documento elaborado por la Dirección de Medio Ambiente, Parques y Jardines, asegura textualmente que “la Terraza Puerto de Cuba carece de legalización alguna para ejercer la actividad” y añade que infringe el artículo 20,1 Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía (Lepara).
Asimismo, advierte de que, en caso de incumplimiento y de no realizar la clausura de forma voluntaria, la Policía Local “procederá a su ejecución forzosa mediante el precinto correspondiente”.
La terraza reabrió sus puertas el pasado 8 de abril pese a que ya se encontraba clausurada desde 2017 por la propia Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento, según se recoge en resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 31 de octubre de ese año (número 264).
La respuesta de la empresa
En un comunicado, la empresa precisa que aún no ha recibido ninguna notificación sobre dichas decisiones del Ayuntamiento, considerando que las medidas anunciadas supondrían "el inicio de un procedimiento sancionador, pero nunca una sanción firme", toda vez que según el Consistorio, la citada sociedad contará con un plazo de 15 días para alegar una vez reciba la resolución municipal, mientras la orden de clausura "podrá realizarse mediante ejecución forzosa, tras su notificación a la Policía Local, si la empresa no la lleva a cabo de forma voluntaria".
Al respecto, recuerda que dentro del mencionado procedimiento sancionador, contará con el "preceptivo trámite de audiencia", en el que según asegura aportará "argumentos y pruebas más que suficientes para desacreditar los hechos eventualmente imputados".
Además, defiende la empresa que tanto la sanción económica como la orden de clausura "no tendrían virtualidad sino hasta que culminase el referido procedimiento sancionador y lo hiciese, además, con las referidas consecuencias", toda vez que el Consistorio manifestaba en su comunicado que dicha orden de clausura "podrá realizarse mediante ejecución forzosa, tras su notificación a la Policía Local, si la empresa no la lleva a cabo de forma voluntaria". La medida de clausura, eso sí, se ceñiría al periodo comprendido hasta la legalización de la actividad y la resolución de las incidencias detectadas, según concretaba el Ayuntamiento.
El conflicto con Río Grande
La empresa, además, defiende que explota la terraza Puerto de Cuba desde 2005, pero "fue despojada violentamente de la posesión de la misma en octubre de 2017 y ha logrado que tanto la antigua propietaria de Río Grande como la nueva propietaria hayan resultado judicialmente condenadas a devolver esa posesión, lo que se negaron a llevar a cabo pacífica y voluntariamente, obligando con ello a que, vergonzosa y lamentablemente, la devolución se hubiese de producir de manera forzosa, con intervención judicial, mediante rotura de candados y cerraduras y ante la presencia de las fuerzas de orden público".
"Desde entonces, los nuevos propietarios de Río Grande no hacen más que obstaculizar la pacífica posesión de las instalaciones que legítimamente titula Puerto de Cuba en Liébana S.L., hasta el punto de que, como consecuencia de ello, se encuentran actualmente inmersos en procesos penales por coacciones y desobediencia judicial", agrega la empresa, atribuyendo el expediente sancionador promovido por el Ayuntamiento a las acciones de los nuevos propietarios del restaurante Río Grande "en su infructuoso y descarado afán de impedir la explotación de las instalaciones" de la terraza "a pesar del claro mandato judicial en contrario, en una nueva muestra de obstaculizar la pacífica posesión de las instalaciones que le ha sido judicialmente reconocida".
