Jordi Ros y Ferrán Jolis, los dos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos la semana pasada que prestaron declaración ante la Guardia Civil y el juez han renunciado a sus abogadas de oficio y han decidido unirse a la estrategia de defensa del resto de investigados, según han informado fuentes jurídicas.
Los dos sospechosos han tomado esta decisión sólo unos días después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, les tomase declaración y enviase a prisión provisional junto a los otros cinco detenidos por delitos de pertenencia a grupo terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.
Ros y Jolis fueron los que admitieron a los investigadores de la Guardia Civil tener conocimiento sobre la compra y pruebas con explosivos, aunque trataron de desmarcarse de las acusaciones de terrorismo y enmarcaron la manipulación con este material en actos de sabotaje, tratando de demostrar que no tenían intención de causar daños a nadie.
Así lo indica también su ahora nuevo equipo de defensa, que explica que todos los detenidos están muy impactados por las imputaciones, pero al mismo tiempo están tranquilos porque aseguran que no son terroristas ni personas violentas.
El magistrado de la Audiencia Nacional afirma en el auto de prisión de los detenidos que existen "indicios de que formaban parte" de una organización denominada ERT (Equip de Resposta Tàctica), una facción de los CDR con una "estructura jerarquizada que pretendía instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta".
Es más, Ferrán Jolis confesó ante el juez que le habían dicho que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, conocía los planes del grupo para entrar en el Parlament, según las fuentes consultadas. Aunque los investigadores tenían "indicios" de este extremo desde hace "varios meses", es un dato que aún requiere comprobación.
