La representación legal de los familiares de la mujer supuestamente asesinada a tiros por su marido en Guadahortuna (Granada) en junio del año pasado ha pedido que "se haga justicia" a las puertas de la Audiencia Provincial, antes del inicio del juicio con jurado popular en el que se enfrenta desde este lunes a 28 años de cárcel por estos hechos.
En declaraciones a los medios, la abogada de la acusación particular, Montse Linares, que representa los intereses de la familia de la fallecida, ha señalado que espera que el jurado los "escuche" y "valore las pruebas que hay, que son muy contundentes" para demostrar la presunta comisión de los delitos de asesinato y de tenencia ilícita de armas por los que pide, al igual que la Fiscalía, 25 años y tres años de prisión.
Es necesario, ha agregado la letrada, que se "haga justicia con esta mujer". A la llegada del acusado, de 54 años y en prisión provisional por estos hechos, dos mujeres de la familia lo han increpado a la entrada de la Audiencia, mientras que los dos hijos varones de la víctima se han intentado abalanzar sobre él, y han tenido que ser reducidos por agentes de Policía Nacional, que posteriormente han procedido a su identificación.
Ha sido, según Linares, un "año muy duro" para ellos, pues es "muy difícil afrontar una situación como esta" después de que "te arrebatan" a tu familiar de "esa manera". Pidiéndoles tranquilidad en todo momento, la letrada ha señalado que "es humano que estén destrozados" y que "lógicamente para ellos es muy duro" porque, en cualquier caso, "tienen que estar aquí", pues "no está su hermana" su hija o su madre.
Para la familia, el acusado actuó "con planificación" y está demostrado que "fue a buscarla" y "a quitarla de en medio", "sabiendo lo que hacía", y "sin ningún tipo de alteración ni menoscabo psíquico". "Fue a matarla y a rematarla, a que no tuviera ninguna posibilidad de escapatoria ni de defensa", ha indicado su abogada.
Se "hace todavía más difícil para la familia" este trámite "especialmente" siendo 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia sobre la Mujer, y ante los retrocesos "que están queriendo ciertos sectores", ha indicado.
Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado se dirigió al domicilio familiar el 16 de junio de 2018, en torno a las 13,30 horas, en el que ya no vivía por su "afición" a la bebida, por lo que residía con su madre.
Portaba supuestamente un revólver para cuyo uso no tenía licencia. Con "el decidido e inequívoco propósito de acabar con la vida de su esposa", de 43 años, al llegar cerca del domicilio familiar, divisó cómo ella caminaba de espaldas, por lo que, "sin mediar palabra y de forma sorpresiva", habría efectuado un primer disparo que "le alcanzó a la espalda".
Ello le provocó "una parálisis súbdita de los miembros inferiores" a la víctima a la que, ya en el suelo, realizó supuestamente un segundo disparo a la región abdominal. Por último, y, según el fiscal, "con intención de asegurarse de la muerte" de ella, le descerrajó un tiro a quemarropa en la cabeza.
La víctima fue trasladada al Hospital de Traumatología de Granada, donde, a pesar de ser intervenida quirúrgicamente, falleció a las 17,30 horas del 17 de junio, por los politraumatismos causados por herida de arma de fuego.
El Ministerio Público agrega que el matrimonio, que tenía tres hijos en común, llevaba unos meses separado, lo que el acusado "no aceptaba, en la creencia de que su esposa pudiera mantener alguna otra relación con otra persona". Por ello, en otras ocasiones, se había dirigido a ella "con insultos y admoniciones de muerte", a lo que ningún miembro de la familia prestó atención.
En el momento de los hechos, el acusado "no presentaba ningún signo de haber ingerido bebidas alcohólicas" ni constan en el informe forense "patología neurológica ni psiquiátrica", detalla el fiscal, que pide para él 25 años de prisión por la presunta comisión de un delito de asesinato, por el que también interesa diez años de prohibición de acercarse a sus hijos a menos de 500 metros y de comunicarse con ellos.
Asimismo, el Ministerio Público solicita la privación de la patria potestad de la hija que es menor de edad, mientras que por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas pide también la pena de tres años de cárcel.
