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Barbate

Diputación constituye en Barbate el "Pacto por la Sostenibilidad"

Irene García presenta en Barbate las principales líneas del Programa para la Gestión Costera, con un paquete de 57 medidas

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  • Acto de constitución del Pacto por la Sostenibilidad de la Costa Gaditana -

La presidenta de la Diputación, Irene García, ha presidido en Barbate la sesión de constitución del Pacto por la Sostenibilidad de la Costa Gaditana, diseñado por el Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible. Este compromiso para el mantenimiento del litoral gaditano cuenta con la adhesión de los municipios costeros de la provincia, -16 ya lo han hecho, el decimoséptimo solo está pendiente de su aprobación en Pleno-, la Demarcación de Costas y el Grupo de Gestión Costera de la Universidad de Cádiz. La intervención de Irene García ha estado precedida por las del alcalde de Barbate, Miguel Molina, y del vicepresidente primero, responsable de las políticas de Medio Ambiente de la Diputación, Mario Fernández.

Este Pacto se enmarca en el Programa para la Gestión Costera de la Provincia de Cádiz, que cuenta con 57 medidas concretas. La presidenta de Diputación ha explicado las principales líneas de acción de este programa a los representantes políticos y técnicos de los ayuntamientos costeros de la provincia presentes en la jornada y ha apelado a la unidad de acción de las administraciones para afrontar este reto mayúsculo: "lo que se pretende es que seamos capaces de planificar desde la seriedad" y, en este sentido, ha destacado la importancia de que los municipios adquieran "un compromiso transversal en las políticas públicas de los ayuntamientos", que se formaliza con este Pacto. Además ha ligado esta línea de acción al turismo y al empleo, ya que parques naturales, especies protegidas, muchos kilómetros de costa, son atractivos a conservar para la generación de visitas y riqueza.

García también ha explicado que la Diputación ya viene trabajando desde hace tiempo en este tema y forma parte de la Red de Municipios por el Clima y ha defendido la necesaria cooperación entre poderes públicos e instituciones de investigación y conocimiento, como las universidades, que también han tenido voz en esta jornada.

Los municipios que se han sumado al Pacto son Chipiona, Rota, Trebujena, El Puerto de Santa María, Cádiz, San Fernando, Chiclana, Conil, Vejer, Barbate, Tarifa, Algeciras, Los Barrios, La Línea y San Roque. Sólo resta que el Pleno de Puerto Real respalde esta propuesta para que sean los 17 ayuntamientos costeros de la provincia los participantes.

El Pacto por la Sostenibilidad de la Costa Gaditana persigue integrar la adaptación al cambio climático en la gestión, la planificación y las políticas públicas de los municipios litorales gaditanos con una estrategia común que incluye medidas a medio y largo plazo. Pero también empezar a abordar problemas actuales como el aumento de las medusas, los cambios en los flujos migratorios de las aves, o el alga invasora Rugulopterix okamurae, asunto urgente que ya ha sido tratado en la sesión celebrada en Barbate.

Estudios internacionales hablan de que las costas gaditanas estarán entre las zonas más afectadas en 2050 por las inundaciones periódicas causadas por el cambio climático. Como respuesta a esta situación de emergencia climática, la Diputación de Cádiz destina más del triple de lo que destinaba en 2015 a políticas medioambientales. El área diseñada para tal fin, de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, dispone en 2019 de un presupuesto de 6,5 millones de euros. Con esta partida se ponen en marcha el Plan de Mejora en Equipamientos de Desarrollo Urbano Sostenible, la Monitorización de los Planes de Acción de Energía Sostenible, campañas de sensibilización escolar en materia de cambio climático, optimización energética de suministros eléctricos, auditorías energéticas, dotación de vehículos eléctricos a ayuntamientos o proyectos singulares que favorezcan el paso a una Economía baja en carbono.

El Programa para la Gestión Costera de la Provincia de Cádiz cuenta con la financiación del Estado, 52.000 euros, y Diputación, 36.000 euros.

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